En la Rusia soviética, el Ejército Rojo, además de jefes militares, tenía comisarios políticos.

Como brazo armado de la revolución, estaba llamado a ser una entidad de nuevo tipo, encuadrada por mandos proletarios y campesinos, y entregada a la propagación de los ideales socialistas. El problema era que manejar una organización militar de masas resultaba bastante complicado, así que el nuevo Ejército Rojo tuvo que mantener en su seno a un número significativo de oficiales zaristas, que ocuparon puestos destacados de mando, de planificación y coordinación (Estado Mayor), y de enseñanza. Como los líderes soviéticos no se fiaban de muchos de estos oficiales, decidieron colocar a su lado a comisarios políticos, seleccionados por su compromiso ideológico con el nuevo régimen.

Algo parecido ocurrió en el Ejército Popular, creado por la Segunda República española tras el comienzo de la Guerra Civil. Aunque entre sus cuadros abundaban los oficiales profesionales del antiguo Ejército republicano, siempre hubo recelos acerca del compromiso de algunos de ellos con la causa que defendían. Como en el caso ruso, la solución consistió en crear en crear un ‘Comisariado de Guerra’. Y se hizo en fecha tan temprana como el 16 de octubre de 1936, apenas tres meses después del comienzo del conflicto.

Tanto en el caso soviético como en el español, la idea era que los profesionales se encargaran del mando ‘técnico’ de las unidades, mientras los comisarios velaban por que la actuación de los antiguos oficiales se ajustara perfectamente a las directrices que emanaban del mando político. Además, los comisarios eran quienes se ocupaban de la moral de las unidades, así como de la agitación y propaganda políticas dentro de ellas.

Como era de esperar, este sistema de doble mando provocaba graves tensiones entre jefes y comisarios y acabó siendo abandonado por el Ejército Rojo en 1942. En aquel momento, la aplastante mayoría de los oficiales soviéticos habían empezado sus carreras tras la revolución y eran comunistas convencidos. Y los pocos oficiales zaristas que continuaban en servicio activo tenían la plena confianza de sus jefes políticos tras veinticinco años trabajando para el nuevo régimen.

Los gobiernos españoles de los años ochenta se enfrentaron a un problema similar. Comprometidos a reformar en profundidad el sistema político, social y administrativo, hubieron de hacerlo apoyándose en cuerpos de funcionarios cuyos escalones superiores y medios estaban ocupados por los que habían ingresado en ellos durante el franquismo. Y aunque las posturas políticas de muchos funcionarios evolucionaron rápidamente durante los primeros años de la democracia, los nuevos gobernantes no estaban convencidos de encontrar en ellos el grado de compromiso necesario para la profunda transformación que pretendían (uno de los políticos más destacados de aquellos tiempos había dicho en 1982 que "vamos a poner a España que no la va a conocer ni la madre que la parió"). La solución consistió en ‘repoblar’ los lugares clave de la Administración con asesores nombrados a dedo, ejecutivos plenamente identificados con los objetivos políticos del gobierno. No se trataba, por supuesto, de sustituir a los funcionarios, cuya competencia técnica era muy difícil de emular, sino de garantizar que la Administración, en su conjunto, funcionara disciplinadamente al servicio de los proyectos del ejecutivo.

Han pasado muchos años. Todos los actuales funcionarios han ingresado después de la muerte de Franco y han sido formados en el respeto de los valores constitucionales. Con toda seguridad, entre ellos hay simpatizantes de los diversos partidos legales, así como partidarios de las más variadas ideologías. Nadie puede dudar, pues, de que las administraciones públicas acatarán y asumirán cualquier instrucción legal que reciban de las autoridades, de que harán todo cuanto esté en sus manos para que los objetivos políticos de los gobiernos de turno (nacionales, regionales o locales) puedan convertirse en realidad. En estas condiciones, ¿de verdad necesitamos seguir pagando a tantos asesores? ¿No ha llegado, quizá, el momento de reconsiderar medidas de los años ochenta que ya no parecen tener justificación?

Es lo que hicieron los soviéticos apenas veinticinco años después de la Revolución de Octubre.