Vaivenes político-judidiciales
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha decidido mantener el pasaporte covid hasta el 8 de enero. Tal y como pretendía el Gobierno aragonés, se puede exigir la acreditación de estar vacunado o haber dado negativo en una prueba reciente en establecimientos de ocio nocturno, en espacios cerrados con un aforo de más 500 personas y en exteriores, cuando el número de personas supere el millar. Sin embargo, no permite solicitar el certificado en celebraciones y reuniones que se lleven a cabo en bares y restaurantes. Los constantes desacuerdos entre el poder ejecutivo y el judicial, en Aragón y en el resto del país, son la demostración de que persiste una paralizante falta de cobertura legal. Bastaría con que el Congreso de los Diputados reformara por mayoría absoluta la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública.
La incidencia de la covid sigue aumentando en Aragón. Es evidente, pues, que hay que frenar esta rápida progresión para evitar que la situación se complique gravemente como ha sucedido ya en otros países de Europa. En este contexto es buena idea, junto a otras medidas, la exigencia del pasaporte covid en determinadas circunstancias. En esencia, supone imponer la vacunación de manera generalizada ya que se ha demostrado que esta es una de las mejores herramientas frente al coronavirus. Pero es necesario que este tipo de medidas se tomen con las debidas garantías constitucionales. Solo así puede admitirse la subordinación de los derechos a la integridad física y a la movilidad a las exigencias de tutela de la salud pública.
Es inaudito que después de veinte meses de pandemia no tengamos un marco jurídico claro para la gestión de la enfermedad. El Parlamento sigue sin actuar y el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre la restricción de derechos fundamentales sin el amparo del estado de alarma.
