La Humanidad puede tener una eficaz vacuna contra la tuberculosis inmediatamente.

Carlos Martín Montañés lo confirmó el pasado jueves en una entrevista publicada en este periódico. Solo es cuestión de dinero. El investigador zaragozano, cansado de buscar financiación pública, pide respaldo privado: "Una fundación o Amancio Ortega o una entidad bancaria".

No es extraño que Martín Montañés apele a la generosidad del hombre más rico de España. La Fundación Amancio Ortega viene comprando valiosos equipos contra el cáncer para hospitales públicos. Su caso ilustra una tendencia que gana fuerza en Occidente: las donaciones privadas a políticas públicas. El caso más conocido es el de la Fundación Bill y Melinda Gates, convertida en el segundo mayor financiador de Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las donaciones a la sanidad pública como las realizadas por la Fundación Amancio Ortega son, en general, bien valoradas. No obstante, plantean un debate cuya base teórica contrapone un modelo vinculado al Estado del bienestar de la Europa continental, en el que los servicios públicos se financian en su práctica totalidad con la recaudación fiscal, con otro más liberal de tradición anglosajona, donde la filantropía está mucho más arraigada.

Lo cierto es que el Estado del bienestar, uno de los mayores logros sociales de Europa, se encuentra acorralado hoy por numerosos retos, sobre todo financieros y demográficos: crecen las demandas de unas sociedades cada día más envejecidas y se multiplican las deudas públicas porque los países no logran suficientes ingresos. El Estado del bienestar está sufriendo recortes porque no es capaz de manejar la concentración del poder económico (desde Microsoft a Amazon), los cambios tecnológicos y la precarización laboral.

En general, la globalización provoca más demanda de protección por parte de los ‘perdedores’ a la vez que merma la capacidad del Estado de financiar el gasto social. El debilitamiento de la redistribución y el abandono del objetivo del pleno empleo han llevado al auge del populismo e incluso puede poner en peligro la paz social, como se ha visto con el fenómeno de los ‘chalecos amarillos’. Tanto es así que Thomas Piketty asegura que estamos en una situación similar a la que llevó a la Revolución Francesa, cuando la nobleza se resistía a pagar impuestos. El reconocido economista, que ahora publica ‘Una breve historia de la igualdad’, augura que los privilegios que se conceden a las grandes fortunas conducirán a una gran crisis política.

Aunque en España los partidos están más centrados en las guerras culturales que en reactivar el necesario contrato social, las instituciones más rigurosas no eluden el problema. El Banco de España presentó hace seis meses un documento (‘La crisis de la covid-19 y su impacto sobre las condiciones económicas de las generaciones jóvenes’) donde denuncia que la pandemia ha empeorado lo que ya eran unas condiciones negativas por la evolución de las rentas, una elevada vulnerabilidad laboral, la necesidad de bajar la deuda pública y un aumento del gasto en pensiones.

No es fácil imaginar una gran revuelta en una democracia consolidada como la francesa, al estilo de la Revolución de finales del siglo XVIII. No obstante, sobran ejemplos en la historia de sistemas democráticos que han sucumbido, desde la República de Weimar a la segunda república española. Juan Linz y otros autores han estudiado cómo la democracia pierde atractivo a ojos de los ciudadanos cuando se incrementa el desorden social o cuando los rendimientos materiales que proporciona se consideran insuficientes.

Las clases medias reclaman sistemas que les aseguren empleo, calidad de vida y protección social. Si se rompe este contrato social pueden llegar a aceptar regímenes tecnocráticos (Singapur) o autocráticos (China) cuya falta de libertades políticas se ve compensada por la tolerancia en materia de costumbres y un bienestar económico suficientes. Las democracias no son invencibles, aun contando con la dadivosidad de filántropos como Amancio Ortega, si no satisfacen las necesidades de los ciudadanos.