En unas recientes y acertadas declaraciones, el gobernador del Banco de España ha alertado sobre la vulnerabilidad de muchas familias vinculadas a algunos sectores de actividad y ha añadido que, por ello, sería recomendable practicar medidas fiscales más selectivas para paliar en lo posible a la parte de la sociedad más afectada negativamente por la crisis.

Esta manifestación pone en evidencia, sin duda, la profunda brecha que se ha abierto en la sociedad española y que se manifiesta en diversos aspectos, entre los que vamos a detallar algunos.

En primer lugar, debe destacarse que pocas veces como hasta ahora los indicadores macroeconómicos están distorsionando la imagen real de una economía. Seguir la evolución del PIB y del empleo es algo que, desde luego, no sobra en los análisis pero ciertamente –ahora– quedan ocultadas las graves desigualdades que laten en su seno. Desigualdades tanto a nivel de las familias (una parte de ellas ha mantenido o aumentado sus ingresos habituales, frente a un creciente número que debe recurrir a la asistencia social para sobrevivir), como a nivel territorial.

En segundo lugar, hay un aspecto en el que la dualidad recibe un especial impacto: el empleo. Y ya no me refiero únicamente al hecho de enfrentar a la población con empleos estables con los que han perdido su puesto de trabajo o que todavía no han tenido una primera oportunidad laboral con cierta estabilidad, sino que ha entrado en escena una gran contradicción, como es la convivencia de un elevado número de parados con una notable escasez de trabajadores que las empresas están demandando.

En efecto, las últimas cifras de parados, al mes de octubre, superan los 3,2 millones, a lo que puede añadirse la incertidumbre que se cierne sobre los trabajadores en ERTE y los autónomos en situación de cese de actividad. Sin embargo, en el extremo contrario se constata una importante falta de trabajadores en varios sectores de actividad, como la agricultura, la construcción y el transporte entre otros, debiendo recurrir las empresas a personas inmigrantes por falta de interés en ocupar los puestos por parte de los actuales parados. Explicaciones y cruce de acusaciones hay para todos los gustos y en todas las direcciones, pero es evidente que algo falla en el sistema de forma clamorosa.

A lo anterior hay que añadir, a mayor abundamiento, otra contradicción relevante. Un gran número de parados no encuentran colocación porque no poseen el perfil que demandan las empresas, que no es otro que el denominado ‘competencias digitales’, situación que se verá agravada con la llegada de los fondos europeos ligados a la digitalización, cuyas necesidades se estiman pueden llegar a 500.000 trabajadores.

Esta dualidad tiene solución a nivel teórico pero hace falta implementar mecanismos en la práctica, y uno de ellos es sin duda la formación, tanto para los jóvenes que inician sus estudios como para el reciclaje de personas en situación de desempleo.

En el primer caso, los estudios reglados ya están recogiendo la inquietud existente y deberá profundizarse –sin pérdida de tiempo– en acompasar los planes de estudios universitarios con la Formación Profesional y mecanismos eficaces como la Formación Dual. Y, en el segundo caso, por lo que respecta a la formación de parados, es urgente una revisión a fondo de las Políticas Activas de Empleo, eliminando las malas prácticas adquiridas en el transcurso de los años (cuya enumeración requiere un espacio que supera la brevedad de este articulo).

El profesor Fuentes Quintana repetía muchas veces aquello de que "en política económica lo más importante es saber lo que no hay que hacer". Pues bien, es de esperar que tenga esto claro el Gobierno de la nación y –entre otras cosas– no tome decisiones que penalicen a las empresas en asuntos (cargas fiscales, determinadas reformas laborales, etc.) que finalmente devienen en una menor creación de empleo, que por cierto es una vía más eficaz para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social que el aumento de las cotizaciones.

Es muy importante pues ir cerrando la brecha de esta economía dual, tanto por razones económicas como éticas, y evitar el estallido social que puede provocar el aumento de las desigualdades.