Financiación

Ocho presidentes autonómicos se han reunido para hablar de financiación. 

Y aunque el balance del encuentro no es malo, por lograr reunir a actores políticos muy diferentes, también ha lanzado un mensaje parcialmente equívoco. A saber, que la financiación no es un debate ideológico. Es precisamente en materia económica, y qué duda cabe que la financiación lo es, donde confrontan más claramente los dos valores principales del sistema constitucional: libertad e igualdad. De modo que si esta tensión no ha aflorado es porque el debate ha pasado, a lo sumo, por parchear el modelo vigente.

La reforma del sistema, sin embargo, debe acometerse vista la distribución competencial. En lo que respecta a las competencias compartidas –en las que el Estado legisla y las autonomías aplican la ley– el debate, ciertamente, es técnico: el Estado debe garantizar que la periferia tiene recursos suficientes para ejercitar dichas competencias. Y supervisar, por cierto, que son ejercitadas debidamente. Pero en lo que respecta a las competencias autonómicas exclusivas, su financiación puede acometerse bien mediante un sistema de tributos propios –primando la libertad sobre la igualdad–, o a través de transferencias que garanticen a los territorios una posición equivalente en la toma de decisiones políticas.

El debate, tristemente, es habitual abordarlo de forma enmarañada y confusa; urgiendo su clarificación. Solo así podrá debatirse con racionalidad y sosiego sobre cómo queremos financiar a las autonomías.