Son las 9.15 de la mañana, Carmen entra al despacho y me cuenta horrorizada que su hija ha sido agredida sexualmente por un chico de su barrio, vecinos de toda la vida. 

Pasó hace casi dos años y hasta ahora Alicia no había tenido fuerzas para contarlo. Tenían 15 años, estaban en el local que comparten con sus amigos en el barrio y, a través de una especie de juego de la botella, se rifaron quién se acostaba con su hija.

A las 9.45 Carmen está en estado de ‘shock’, con los ojos vidriosos, no ha pegado ojo desde anoche, no entiende cómo Raúl ha podido hacerle eso a su hija. Lo conocen de toda la vida, Carmen ha sido profesora y hasta le dio clase un curso entero.

Intento calmarla y pongo a disposición todos los recursos de los que contamos, le ofrezco que vengan a la asesoría psicológica, a la social y que se planteen interponer una denuncia. Por suerte, en Aragón la definición de violencia de género se extiende a todo tipo de violencia contra las mujeres, tal y como queda establecido en el Convenio de Estambul, en cambio, no es así en la Ley estatal de igualdad del 2004.

Ya son las 10.20 y, con Carmen más calmada, procedemos a darle cita para su hija. La atenderá nuestra psicóloga, Olga, para que pueda sacar todo lo que lleva dentro y empezar con la atención integral. Carmen seguramente también tendrá que hacer algún tipo de terapia, porque no es fácil asumir que han violado a tu hija y tener que ver al violador todos los días. A las 10.30 Carmen se marcha a su casa, mañana veremos a Alicia.

Alicia es María, Ana, Pilar, Silvia, Alicia, Yasmina, Julia… Alicia podría ser cualquiera de nosotras.

Me quedo pensando en la importancia que tienen las palabras, en cómo las palabras construyen el imaginario y después la realidad. Me quedo pensando en que lo que no se nombra no existe y que no aplicar el Convenio de Estambul supone obviar que la violencia se produce en todos los ámbitos de la vida y no solo dentro de las relaciones de pareja y expareja. A veces, una definición puede condicionar todo.

Tenemos un Pacto de Estado contra la violencia de género necesario, que va encaminado al reconocimiento de otras formas de violencia contra las mujeres, pero todavía insuficiente. Aunque aún sigue siendo una violencia no desvelada por las víctimas, la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2019) señala que en España aproximadamente el 13,7% de las mujeres de 16 o más años (2.802.914) han sufrido alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida (pareja actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja). También señala que del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 6,5% (1.322.052) han sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas de alguna persona con la que no mantienen, ni han mantenido una relación de pareja.

Esto no es baladí. Ser capaces de reconocer las violencias contra las mujeres es primordial para poder dotarnos de las herramientas y recursos económicos para combatirlas. Debemos ser capaces de dar respuesta a todas las formas de violencias machistas, porque es de justicia y porque no podemos crear víctimas de primera y víctimas de segunda. Por ejemplo, tener reconocida la condición de víctima de violencia de género te otorga la posibilidad, entre otras cosas, de hacer uso de la justicia gratuita de forma directa. Debemos defender una Ley Integral de Garantía de la Libertad Sexual que aplique el Convenio de Estambul por el que también serían reconocidas como víctimas, entre otras, todas aquellas mujeres que han sufrido violencia sexual.

Además, paralelamente, desde las administraciones tenemos que ser capaces de trabajar a medio y largo plazo la vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es por ello fundamental incidir en el carácter trasversal y multidisciplinar del feminismo que debe estar presente en los currículos docentes, en las aulas y en los medios de comunicación. En definitiva, en la cotidianeidad. Porque que la forma de percibirnos, relacionarnos y aprender a vivir ‘junt@s’ tenga una base feminista cuenta. Y es por eso que negar la existencia de estas violencias contra las mujeres, infravalorar discursivamente lo que suponen cotidianamente o recortar los presupuestos contra la violencia de género es antidemocrático, porque entendemos la democracia desde su componente ético, que es el del bien común y la apuesta por la justicia y la convivencia colectiva.

Por una política integral feminista. Feminismo para vivir.