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Una financiación adecuada

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  • Editorial
OPINIÓNACTUALIZADA 24/11/2021 A LAS 05:00
Reunión de ocho presidentes de comunidades, entre ellos el aragonés Javier Lambán, en Santiago de Compostela.
Reunión de ocho presidentes de comunidades, entre ellos el aragonés Javier Lambán, en Santiago de Compostela.
DGA

Las ocho autonomías más despobladas de España (Aragón entre ellas) han firmado en Santiago una declaración para que en el nuevo modelo de reparto de dinero entre las regiones se priorice el coste efectivo de la prestación de servicios públicos. Javier Lambán ha sido taxativo a este respecto: «Con el incremento de gastos, si no se adoptan medidas para una adecuada financiación las comunidades están abocadas a la inviabilidad». Lo cierto es que el correcto funcionamiento del Estado de las autonomías depende de que se pacte un sistema de financiación equitativo y suficiente, que garantice sobre todo la correcta prestación de los servicios básicos que atienden las autonomías, como la salud, la educación y la asistencia social. Es uno de los grandes retos políticos pendientes.

Ocho presidentes autonómicos (cinco del PSOE, dos del PP y el del Partido Regionalista de Cantabria) han sellado una alianza para defender los intereses de la España vaciada frente a las posiciones de comunidades más pobladas, que quieren que lo que se pondere sea el criterio de población, y, también, frente a las exigencias de nacionalistas e independentistas, de cuyo apoyo parlamentario depende el Gobierno central. Satisfacer estas posturas es una tarea tan complicada que la reforma del sistema de financiación autonómica se viene aplazando desde hace siete años. No obstante, la obligación del poder ejecutivo es negociar y pactar una solución.

Las grandes diferencias de criterios entre regiones solo se podrán salvar si los dos partidos que gobiernan en la mayoría de las autonomías, PSOE y PP, consensúan un marco general con visión de Estado y pensando en el equilibrio de la España interior y la periférica. El funcionamiento del sistema, como establece la Constitución, requiere un reparto justo de recursos con la mirada puesta en la igualdad entre todos los españoles.

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