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pasaporte covid

Problemas legales para su aplicación

Por
  • Eva Sáenz Royo
OPINIÓNACTUALIZADA 24/11/2021 A LAS 05:00
'Un acceso a la responsabilidad'
'Problemas legales para su aplicación'
Pixabay

En un momento en el que las hospitalizaciones y los fallecimientos están creciendo en España puede ser buena idea la exigencia del pasaporte covid para el ocio o para realizar determinados trabajos. 

Básicamente supone imponer la vacunación de manera generalizada ya que se ha demostrado que esta es nuestra mejor arma frente a la pandemia. Para ello bastaría con que el Congreso de los Diputados reformara por mayoría absoluta la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública.

Actualmente en nuestro país la vacunación es voluntaria. Según la Ley General de Salud Pública y la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente, nadie puede ser obligado a recibir un tratamiento médico en contra de su voluntad. Solo en casos excepcionales se permite que una persona pueda ser obligada a un tratamiento –o a la vacunación– siempre con la previa autorización judicial y cuando haya "indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población". Se trata de una medida coercitiva dirigida individualmente a una persona o grupo de personas y que requiere una previa autorización judicial también individualizada porque, como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, toda intervención corporal –y la vacuna lo es– cuando se produce al margen de la voluntad de sus destinatarios implica una limitación al derecho fundamental a la integridad física (artículo 15 de la Constitución).

Lo que no está previsto en la ley orgánica es una obligación de vacunación generalizada a todos los ciudadanos en un contexto de pandemia, que es lo que supone en la práctica la aplicación del pasaporte covid. Dicha restricción generalizada del derecho fundamental a la integridad física –y la restricción de movilidad que genera la no vacunación– requeriría de una previsión específica en ley orgánica en la que se establecieran las condiciones y las garantías de dicha limitación, especificándose, por ejemplo, las actividades en las que podría exigirse y regulándose las posibles excepciones. Ello permitiría un marco de seguridad jurídica que ayudaría a la contención del virus. De hecho, la ley gallega de 25 de febrero de 2021, de modificación de la Ley de Salud de Galicia, intentó establecer la vacunación obligatoria y fue recurrida en inconstitucionalidad por el presidente de Gobierno alegando la necesidad de una ley orgánica. En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado. Este recurso fue admitido a trámite con fecha de 20 de abril de 2021, pero queda pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional.

Si –como parece– una ley autonómica no puede prever el pasaporte covid, tampoco es posible, como se pretende, sustituir la previsión en ley orgánica por autorizaciones judiciales. Por eso, la reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de septiembre de 2020, estableciendo la autorización judicial para restricciones generalizadas de derechos fundamentales, está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional tampoco se ha pronunciado al respecto todavía.

Resulta obvio que las actuales circunstancias de crisis sanitaria causada por la covid-19 permitirían imponer con carácter obligatorio la vacunación de la población apelando a la protección de la salud de la ciudadanía. Pero es necesario que este tipo de medidas se tomen con las debidas garantías constitucionales. Solo así puede admitirse la subordinación del derecho a la integridad física y a la movilidad a las exigencias de tutela de la salud pública (artículo 43 de la Constitución). Como ha señalado el Tribunal Constitucional desde una temprana sentencia de 1983, "ni las apelaciones a la necesidad pueden hacerse valer por encima de la legalidad, ni los intereses generales pueden prevalecer sobre los derechos fundamentales al margen de la ley".

Lo peor de todo es que a estas alturas no tengamos un marco jurídico claro para la gestión de la pandemia. El Congreso sigue sin querer actuar y el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre la restricción de derechos fundamentales sin el amparo del estado de alarma. La inactividad de uno y la tardanza del otro resultan muy alarmantes.

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