Sin sorpresa alguna, la séptima ola de la enfermedad se extiende por Aragón en coincidencia con la llegada del frío y la disminución de las horas de luz. 

Una curva con un crecimiento lento, pero constante, que vuelve a elevar los casos hasta la preocupación advirtiendo, pasados los meses, de la pérdida de efectividad de la vacuna y de la multiplicación de la enfermedad gracias a una falsa sensación de superación de la pandemia. El relato, tozudamente ceñido a las advertencias sanitarias, confirma que los hospitales, que han prescindido del personal de refuerzo ante la falta de presupuesto, se preparan para una nueva embestida que ya se nota en la atención primaria y que exigiría para su control de un cuadro de medidas mucho más amplio que la aplicación de la tercera vacuna a los mayores de 60 años.

Con pocos rastreadores y con la complicación añadida del importante número de personas asintomáticas y de aquellos que aún rechazan la vacunación, regresan los temores previos a la Navidad por las posibles restricciones y ante la inseguridad que implica carecer de un marco legal que garantice la implantación de nuevos controles. El pasaporte covid, un requisito que afecta a la movilidad de las personas –un derecho fundamental–, comienza a convertirse en la principal apuesta de las autonomías para conjugar la defensa de la búsqueda de la normalidad con el freno a la covid. Sin una regulación nacional compartida, se recupera el desbarajuste vivido meses atrás, cuando cada gobierno autonómico optó por su propia solución en virtud de la ventana de oportunidad que le concedía cada Tribunal Superior de Justicia.

Habiendo desaprovechado los meses pasados para desarrollar una ley nacional de pandemias o para recuperar un mínimo consenso político, el Gobierno insiste en olvidarse de su papel descargando toda la responsabilidad en las comunidades. El pasaporte covid, una fórmula que habría que calificar como imprescindible entre aquellos colectivos que mantienen un contacto estrecho con la enfermedad, continúa sin un paraguas legal que lo aleje de toda interpretación.

Insiste el Gobierno central en equivocarse cuando no asume su papel y, más aún, después de que el Constitucional tumbase la arquitectura legal -declaración incluida de los dos estados de alarma- que dio cobertura a la actuación sanitaria practicada durante la pandemia. En un desesperante ‘déjà vu’, el Ejecutivo permanece anclado en sus mismos errores, mientras que en Aragón la situación queda a la espera de conocer la respuesta del TSJA. Después de que este Tribunal elevase una cuestión de constitucionalidad tras la primera consulta del Gobierno regional a la posibilidad de implantar el pasaporte, seguimos aguardando a conocer qué decisión adoptarán los magistrados tras haber sido solicitado nuevamente el aval de la Justicia para exigir este salvoconducto en el ocio nocturno, las celebraciones y los grandes eventos. En esta ocasión, y ante el creciente número de casos, el Pignatelli quiere una respuesta clara del TSJA, mostrándose dispuesto a presentar cuantos recursos sean necesarios.

Con Europa asfixiada por los rebrotes –Austria ha anunciado un regreso al confinamiento y la vacunación obligatoria–, en España, donde el porcentaje de inoculados puede calificarse como todo un éxito, continuamos dándole vueltas al imprescindible soporte legal que ayude a frenar la pandemia. 

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