Políticas de vivienda
El Gobierno envía al Congreso el proyecto de Ley de Vivienda, tras un año de tensa negociación entre el PSOE y Podemos, sin que haya quedado todo acordado entre ellos.
Por otra parte, la polémica con el sector inmobiliario ha surgido por la regulación de los alquileres. La definición de las zonas ‘tensionadas’, para ser objeto de unas limitaciones particulares en las cuantías económicas, ha enfrentado también con el Gobierno tanto a partidarios como a detractores de la ley. Una vez en el Congreso, la tramitación parlamentaria del texto comenzaría en febrero de 2022.
En el texto se insiste en que se quiere incrementar el parque público de viviendas estableciendo la reserva del 30% del suelo urbanizable en las nuevas promociones para vivienda pública y, de ese porcentaje, la mitad para alquiler. Además, se contempla también junto a la vivienda protegida la figura de la ‘vivienda asequible incentivada’, aquella de titularidad privada con beneficios urbanísticos y fiscales destinada al alquiler a precio reducido.
Quizás sea este uno de los aspectos más importantes: en los gobiernos va calando que sin vivienda de alquiler asequible no se podrá solucionar el problema de vivienda que se plantea en los sectores más precarizados. Nuestro país se volcó en las pasadas décadas en la promoción de vivienda social pero la mayor parte con destino a la venta. Es verdad que de este modo muchas familias, entre ellos jóvenes, han accedido a la propiedad, pero la vivienda social para la venta no soluciona el problema residencial porque muchas familias quedan fuera de esa posibilidad.
Las políticas de vivienda social en España han sido endebles bajo todos los gobiernos. No se ha promovido un parque público de alquiler, accesible a quienes se encuentran en una situación económica que difícilmente les hará posible acudir al mercado libre. La cultura imperante en España ha sido la de la vivienda en propiedad, con consecuencias no deseadas a muchos de nuestros conciudadanos, como la pérdida de los hogares hipotecados, al no poder hacer frente a los créditos, o el endeudamiento de las familias.
La vivienda social de alquiler debe ir acompañada de una política de ayuda a su pago mensual. Ha habido quejas en los últimos años respecto a la agilidad de la administración autonómica y a la falta de previsión presupuestaria.
