La construcción de una Unión asentada en la igualdad es una de las prioridades de la UE en la actual legislatura. 

Esta preferencia se ha visto condicionada por los efectos del SARS-CoV-2. Ello ha evidenciado las vulnerabilidades existentes y los profundos focos de desigualdad en nuestras sociedades, así como las precarias condiciones de vida de un número cada vez mayor de ciudadanos/as. La Comisión Europea es consciente de que nos encontramos en una situación en la que muchos/as se están quedando atrás, sobre todo los/as jóvenes, los/as adolescentes, los/as niños/as, las personas mayores, entre otros colectivos. Para tratar de paliar los efectos tan negativos de la pandemia, la UE acordó poner a disposición de los Estados miembros una cantidad de 750.000 millones de euros en el marco de EU Next Generation. Los planes nacionales de recuperación aprobados por el Consejo deben tener en cuenta a las personas más vulnerables de nuestras sociedades. El control de las instituciones de la UE sobre los planes nacionales pretende garantizar una recuperación que tenga debidamente en cuenta la necesidad de fomentar los derechos sociales, proteger a los grupos vulnerables y garantizar la igualdad de acceso a los servicios básicos. Se trata, en definitiva, de maximizar el uso de los instrumentos y mecanismos disponibles para controlar la eficiencia de los planes nacionales de recuperación en la promoción de los derechos sociales y la igualdad. Se incide, así, en lograr una mayor justicia social.