Cartas al director de HERALDO: La limitación de plazas en la universidad
La limitación de plazas en la universidad
Algunos estudiantes afirman que no han podido elegir la carrera de su gusto por no haber logrado la nota necesaria.
La Ley de Universidades, en la exposición de motivos, cita la elección de titulación como un derecho, a la par que habla de distrito universitario abierto. Lo segundo, en efecto, se aplica para la elección de centro, no así en los exámenes de acceso, constituyendo un foco de lógica protesta entre el alumnado; pero lo primero resulta imposible de ejercer para algunos estudiantes debido a la limitación de plazas en algunas titulaciones. En efecto, en el artículo 44 de la citada ley se habla de los límites máximos de admisión de estudiantes. Personalmente encuentro farragosa la redacción de ese artículo, pero lo interesante es que en él se habla del alcance de la limitación: universidades públicas y privadas. Creo que es de general conocimiento que en las privadas no hay tanta limitación para la admisión de estudiantes. En tal caso, ¿cuál es la razón por la que miles de estudiantes de la universidad pública deben matricularse en la carrera de su segunda o tercera opción? ¿Es económica? Cuando se buscan los medios para que derechos como la libertad de expresión o de manifestación puedan ejercerse, parece lógico que, para otro, el derecho a recibir la formación superior deseada, se ponga el mismo interés. Recalca también la ley el papel de la universidad en el desarrollo cultural, económico y social de un país. Como escribía recientemente el profesor Morales Arrizabalaga de nuestra universidad, ‘Democracia y gobierno liberal’, es hora de que se planteen los papeles de la universidad, formación e investigación, en su justa medida, y que lo primero conduzca a lograr personas capaces de ejercer el liderazgo de nuestro país basado en los valores de la sociedad.
Luciano Ibáñez Dobón. Zaragoza
El Día de la Patrona
La festividad de la Patrona, la Virgen del Pilar, reúne en torno a la Guardia Civil a las fuerzas políticas y sociales. Se recuerda que esta institución es la más valorada por la sociedad española, con palabras que llenan de orgullo a la mayoría de los que formamos este Cuerpo. Pero esta vez, Patrona, discrepo. Porque las palabras de ánimo por la abnegación, por el esfuerzo y por el sacrificio no se acompañan con hechos. La institución más valorada es una de las peor pagadas. Con una plantilla vapuleada que se adapta como puede a un cambio tecnológico y social imprescindible. La principal reivindicación de Jucil es la equiparación salarial con el resto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los acuerdos firmados en 2018 no han supuesto la equidad. En la Guardia Civil sufrimos las brechas retributivas que existían hace tres décadas. Continuamos sometidos al Código Penal Militar, una normativa que resulta arcaica, abusiva, discriminatoria y arbitraria. Horas extraordinarias excesivas, jornadas prolongadas sin el correspondiente periodo de descanso, con calendarios cambiantes... Y junto a ello, una auténtica sangría, el suicidio, una lacra a la que debe de aplicarse con urgencia un cambio de actitud que ayude a los posibles afectados. También por esto, Patrona, y siempre con respeto, discrepo. Eso sí, discrepo, pero actúo. Porque la filosofía de la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil es que todos contamos. Lo que es injusto lo reclamamos, sea quien sea el beneficiario y sea cual sea la Administración a la que nos debamos dirigir. Así se logró el respeto del derecho al voto para los guardias y policías desplazados en Cataluña, donde también se consiguió que se abriera el proceso de vacunación para guardias civiles y policías nacionales. O hemos recordado al ministro del Interior que dijo que se estudiaría para el Campo de Gibraltar la declaración como zona de especial singularidad y lo que se ha visto en realidad es cómo se agravaba la situación este verano. El narcotráfico y la inmigración ilegal organizada han perfeccionado sus métodos, lo que hace necesaria una respuesta más especializada de los profesionales, que trabajan en condiciones precarias. De estas cosas, y de otras, como la escasa formación ofrecida, la austeridad y la veteranía de las instalaciones, de la arbitrariedad que aún preside traslados, etc., hablaremos muy pronto con la directora general, María Gámez. Los gobiernos de los últimos treinta años no han querido cumplir la equiparación salarial. Nos quieren discriminados, pero desde Jucil, con todo respeto, no lo vamos a consentir.
Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil
En el tranvía
No recuerdo cuándo empezó. Probablemente, le ocurra a más de uno lo mismo que a mí. La huelga del tranvía de Zaragoza ha sido ya casi naturalizada. Como algo con lo que nos toca por fuerza convivir cada día y con pocos visos de que vaya a cambiar en el corto plazo. Que se llegue a una solución no depende de los miles de usuarios que hacemos uso de este medio de transporte. Aunque a buen seguro más de uno haría todo lo posible por facilitarla si tuviera una varita mágica, porque el malestar que esta situación está generando es inmensurable. Lo que sí entra en las posibilidades de todos los que utilizamos el tranvía es la puesta en práctica del respeto mutuo. Si ya es bastante desagradable, ‘per se’, aguantar en un espacio superreducido y masificado de gente en horas punta, ¿por qué no ponemos un poco de nuestra parte para no convertir esos quince minutos de viaje en un momento todavía más insufrible? Se me ocurren tres maneras muy básicas. La primera, dejar salir antes de entrar. La segunda, colocar la mochila en el suelo una vez dentro –la voz pregrabada que suena en el interior se empeña en repetirlo una y otra vez, pero sigue sin convencer a unos cuantos–. Y la tercera, dejar de lado la cabezonería y aparcar la posibilidad de subir si es físicamente imposible hacerlo porque las unidades están a rebosar. Creo que aminoraríamos los efectos de una huelga que espero, por el bien de los trabajadores y los zaragozanos, que llegue pronto a su fin.
Israel Buey Lorao. Zaragoza
Aún no podemos irnos de casa
Pedro Sánchez ha anunciado que en los próximos Presupuestos dará un ‘bono joven’ para vivienda de 250 euros mensuales durante los dos primeros años de alquiler. Para los jóvenes como yo, que salte a la palestra el tema de la vivienda es algo positivo, puesto que en nuestros gobiernos esta es una asignatura pendiente. Sin embargo, esta medida no es suficiente. Simplemente están tapando una herida sangrante con algo más de vendas. No se aborda el problema principal del alquiler: el hecho de que para alquilar un nuevo piso me pidan meses de fianza por adelantado o que el precio de dicho alquiler suponga, prácticamente, todo mi salario. Como digo, esta es una buena medida, pero estamos, tristemente, a años luz de, por fin, irnos decentemente de casa.
Maite Suescun Esain. Barcelona
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