El derecho a la vivienda
Pablo Casado ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad ante la futura Ley de Vivienda al considerarla un ataque contra la propiedad privada y la economía de mercado. El PP no la aplicará en las comunidades y ayuntamientos donde gobierna. Pedro Sánchez ha demandado al líder del principal partido de la oposición que, antes de atacar este proyecto de ley, se lo lea. El desarrollo del artículo 47 de la Constitución («Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho») exige que los grandes partidos pacten una ley con vocación de perdurabilidad y solidaridad intergeneracional. Es su responsabilidad.
La sociedad española, especialmente los jóvenes que quieren emanciparse para poner en marcha un proyecto de vida, arrastra un problema de acceso a la vivienda. A pesar de que es un derecho constitucional, se trata de uno de los menos aplicados y desarrollados legislativamente. Las experiencias de otros países europeos demuestran que no es tarea sencilla dar con las mejores medidas para que disponer de una residencia no se convierta en un obstáculo casi insalvable para las nuevas generaciones. Las dificultades, sin embargo, no eximen al Gobierno de cumplir con su obligación.
España no necesita apaños con forma de ley que vayan a ser recusados antes de nacer o directamente no aplicados en la mitad de las comunidades, que son las que tienen las competencias de vivienda. Precisa políticas estructurales que nazcan del consenso, fundamentadas en que los jóvenes tengan empleos con sueldos dignos. El PSOE no puede sacar adelante una mala ley que cuestiona los principios de libertad y propiedad. Debe dar marcha atrás en su pacto con Podemos y pactar con el PP una ley útil y estable.
