Teruel ha dejado de perder población. Ya son dos años seguidos de crecimiento demográfico después de una década de bajadas. La vitalidad de sectores básicos, como el agroalimentario y el turístico, ha propiciado que en 2019 la provincia ganara 39 residentes, mientras que en 2020 el crecimiento alcanzó los 322 habitantes. Las señales de recuperación son visibles desde hace un tiempo, pero están cobrando cada vez más cuerpo mientras, en paralelo, se van disolviendo incertidumbres, asimetrías, vaivenes y riesgos. El sur de Aragón tiene ahora el reto de consolidar esta tendencia positiva gracias a la digitalización, la llegada de fondos europeos y la reorientación del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) hacia proyectos productivos con la participación de los agentes sociales.

Los datos demuestran que la inyección financiera del Fite, reforzada en 2021 con 2,3 millones de euros con cargo a remanentes de 2018, y varios proyectos empresariales en trámite, empezando por el macromatadero porcino de Tönnies en Calamocha –con 1.200 empleos previstos–, el aterrizaje de Airbus en el aeropuerto de Teruel –para explotar un hangar de pintura– o la ampliación de las plantas de Fertinagro, disparan las expectativas de empleo a corto plazo. No obstante, este crecimiento tiene limitaciones, como la insuficiente mano de obra, la falta de viviendas y, actualmente, el encarecimiento de las materias primas y de la electricidad. En algunos de estos obstáculos apenas se puede intervenir desde Aragón, pero sí en otros. Ahí precisamente es donde las administraciones y la sociedad civil deben colaborar para poner en marcha acciones concretas que los mitiguen.

El problema de la despoblación de Teruel y otras zonas de Aragón se puede paliar si se alcanzan consensos entre las fuerzas llamadas, en alternancia, a implementarlas tanto en el ámbito nacional como regional y local.