No parece que hayamos avanzado demasiado cuando en nuestra sociedad sigue rigiendo en muchos aspectos el llamado argumento de autoridad en lugar del razonamiento lógico.

Los pitagóricos utilizaban este tipo de argumento para apoyar su conocimiento: si alguien les preguntaba ‘por qué’, respondían ‘el maestro lo ha dicho’ (en latín, ‘magister dixit’). También durante la Edad Media las polémicas teológicas terminaban cuando la Iglesia católica definía la verdad de manera dogmática: ‘Roma locuta, causa finita’ ("Roma ha hablado, la cuestión está terminada"). Incluso en las universidades medievales se utilizaba para la enseñanza este argumento y solo se estudiaban los manuales que hubieran escrito algunos autores antiguos. El triunfo del razonamiento lógico parece producirse con la Ilustración y las revoluciones liberales, que son la base del pensamiento actual y, en fin, de todo el constitucionalismo democrático. Y, sin embargo, paradójicamente la democratización de la información que las redes sociales propician está fomentando la vuelta al argumento de autoridad. El debate en torno a la independencia judicial en España así lo evidencia.

Es claro que tenemos un problema cuando en 2018 el que fuera portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, envió un whatsapp a sus compañeros alardeando de controlar al Tribunal Supremo "desde atrás" a partir del acuerdo al que habían llegado el PP y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo se rompió por el escándalo y el nombramiento del órgano sigue bloqueado por empeño del PP, incumpliendo así los plazos establecidos para la renovación del órgano en el artículo 122 de nuestra Constitución.

Ante semejante problema ‘la UE locuta, causa finita’. Didier Reynders, comisario de Justicia de la UE, ha declarado este mes de septiembre que el problema es la politización en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y para su solución cuenta con un método claro: una vez renovado el órgano, hay que aprobar reformas estructurales para cumplir del todo los "estándares europeos", al menos el 50 % de los miembros del Consejo deben ser elegidos por sus pares. Los jueces deben elegir a los jueces que vayan al Consejo.

Semejante diagnóstico y solución propuesta no supera el más mínimo razonamiento lógico, aunque sean las autoridades europeas o los diferentes informes Greco los que lo amparen. Si el problema es que los partidos políticos eligen a los miembros del Tribunal Supremo indirectamente a través del Consejo General del Poder Judicial, ¿qué decir de la independencia judicial en Estados Unidos, donde es directamente el presidente el que elije a los miembros del Tribunal Supremo? ¿O de la independencia judicial en Suiza o el Reino Unido donde tampoco existe un órgano intermedio y la politización es evidente?

Da igual quién lo diga. La independencia de criterio en la toma de decisiones no se tiene en función de quien te nombra. Se tiene cuando los que ostentan el poder ni te pueden castigar ni recompensar en función de tus decisiones. Y ahí está el problema. En la recompensa. Actualmente nada impide que los miembros salientes del Consejo General del Poder Judicial puedan ser nombrados –por los partidos políticos– para otros cargos. De hecho, se ha convertido en bastante habitual que los partidos políticos promocionen a miembros de la carrera judicial que, tras pasar por el Consejo, consiguen otros destinos como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Estrasburgo o el Gobierno. Por todo ello, la garantía de la independencia de estos órganos exigiría de incompatibilidades o períodos de enfriamiento que impidieran que las mismas personas pasaran por diferentes altos cargos.

Y si la lógica no convence, utilizaré también el argumento de autoridad. En 1986 lo dijo muy claramente nuestro Tribunal Constitucional: "La posición de los integrantes de un órgano no tiene por qué depender de manera ineludible de quienes sean los encargados de su designación, sino que deriva de la situación que les otorgue el ordenamiento jurídico". Tribunal Constitucional ‘locuta, causa finita’.