El caso Gali
La torpeza fue mayúscula y sus graves efectos pudieron verse en las calles de Ceuta y Melilla.
Un patinazo en toda regla protagonizado por la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y que, además de la pérdida de su cartera, ha supuesto un intenso esfuerzo para recuperar la siempre inestable relación con Marruecos. La cobertura sanitaria y diplomática que el Gobierno concedió al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, enfermo de covid, generó uno de los últimos episodios más críticos de la política exterior española, pero también ha puesto sobre la mesa el que a todas luces supone un procedimiento irregular e impropio de un país sujeto a derecho.
Sin que hasta la fecha se hayan resuelto los errores del pasado, la situación de abandono que sufre el pueblo saharaui actúa como un mensaje doliente para la diplomacia española. Apresados en un doble lenguaje, Asuntos Exteriores continúa pensando que una combinación de silencios y de actuaciones puntuales es suficiente para convivir con Marruecos. El caso Gali, en especial las decisiones que se adoptaron para permitir su entrada en España por la base aérea de Zaragoza, resume a la perfección esta falta de definición diplomática que se expresa maniatada frente a Rabat.
El caso Gali que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, y sobre quien ya han comenzado las presiones, posee demasiadas aristas políticas, aunque la cuestión se centra únicamente en las indicaciones que trasladó o recibió la exministra González Laya y que podrían suponer, además de otras vulneraciones de la legalidad, un supuesto delito de prevaricación. El hecho de que Gali no se sometiera a ningún tipo de control fronterizo o que, pese a su condición de español con DNI en vigor, contase con un pasaporte argelino de dudosa autenticidad, cuya fotocopia fue aportada por el exjefe del gabinete de la ministra, Camilo Villarino, solo confirma un procedimiento que quedó aún más enrevesado cuando ingresó en un hospital de Logroño con identidad falsa. Gali, con distintas causas penales abiertas en la Audiencia Nacional, entró en España con el amparo del Gobierno y bajo una discreción que fue traicionada.
Confiar en que los servicios secretos marroquíes no se enterarían del traslado de Gali, sabiendo que el viaje fue planificado con tiempo suficiente, fue toda una ingenuidad, pero la reacción de Rabat adquirió tintes revanchísticos. Marruecos, que primero utilizó la pesca y después las fronteras y las vidas humanas para expresar su tirantez, sorprendió a Pedro Sánchez fuera del tablero diplomático y plenamente consciente de un fallo del que había sido advertido por una parte del Gobierno.
Las consecuencias de todas aquellas decisiones se encuentran hoy ante el juez Rafael Lasala, quien ya ha pedido que la exministra de Exteriores acuda a declarar en condición de investigada. Mientras Lasala valora qué postura adoptar con la exvicepresidenta Carmen Calvo, Sánchez busca evitar, restando importancia a un asunto que quiere revestir como un socorro humanitario, que sus exministros desfilen ante el juez.
Superada la tensión diplomática, restan los efectos políticos y judiciales que, pese a todo, no parece que vayan a alcanzar una extrema gravedad, aunque sí serán el reflejo de una mala práctica que ignoró la escrupulosidad con la que debe conducirse todo Gobierno. Sigue faltando una explicación.
