En democracia, el cumplimiento de la ley no debe supeditarse a una condición, pues su observancia rotunda es la mejor garantía de la libertad. 

El respeto de la norma tampoco puede condicionarse a su propia reforma. Las normas, faltaría más, son revisables. Es más, en muchas ocasiones resulta más que conveniente modificarlas. Pero las reformas normativas no pueden venir provocadas porque una minoría, que defiende su interés particular, se niegue a observar la ley de la mayoría, que representa el interés general. Condicionar el cumplimiento de la norma a su reforma es, sencillamente, un chantaje.

Viene esto a propósito de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque hace unos meses hubiese dado pie a hablar de la crisis catalana. Hoy, en relación al CGPJ, parece evidente que el sistema previsto para designar a sus miembros ha terminado por politizarlo. No hay mejor muestra de ello que el inconmensurable interés mostrado por los partidos sobre el particular. Ahora bien, pese a que el modelo plantea problemas, es más que cuestionable que el propuesto por la oposición no vaya a reproducir un patrón semejante.

El problema no es la designación del Consejo, sino, como señaló el profesor Sosa Wagner hace ya unos años en la Fundación Giménez Abad, las funciones que dicho órgano tiene atribuidas. Cámbiense las funciones, redúzcase la discrecionalidad en la provisión de determinadas plazas, y el interés partidista por el control del Consejo se disolverá como un azucarillo.