Los seres humanos aspiramos a la justicia. Por eso la dramaturgia del Siglo de Oro, entendida como soporte ideológico de la monarquía absolutista, consideró adecuado que el crimen no quedara impune. 

Buena parte del teatro, desde Lope de Vega a Calderón, alcanzó así un fin propagandístico: el Rey impartía justicia de forma imparcial y segura. Ahí están ‘Fuenteovejuna’, ‘El mejor alcalde el Rey’, ‘Del Rey abajo ninguno’, ‘El comendador de Ocaña’…

De entre los miles de dramas representados en Europa, en un momento de máximo esplendor del teatro, un puñado de obras españolas de gran éxito conforman un grupo insólito: contra todo precepto, el labrador irrumpe como protagonista de la acción. ‘Peribañez’, ‘Fuenteovejuna’ y ‘El alcalde de Zalamea’ constituyen la triada más singular y anómala de la escena europea. El campesino rico reivindica el derecho al honor («el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios»), incluso ante los nobles, y el Rey, que lo es por derecho divino, le hace justicia.

A pesar de la grandeza literaria del Barroco español, no logró apuntalar esta ‘justicia real’ más allá del siglo XVII. Los revolucionarios franceses, como los norteamericanos y los ingleses, acabaron con el absolutismo monárquico. Siguiendo la teoría de Montesquieu, instauraron la separación de poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial). Además, impusieron el imperio de la ley y la autolimitación del Estado por medio del Derecho.

En el siglo XX, tras las trágicas experiencias de los totalitarismos, el constitucionalismo europeo acoge la fórmula del Estado social y democrático de Derecho. En España, se plasma en la Constitución de 1978. La Carta Magna establece un contrato social cuyo fundamento es el principio de reciprocidad de derechos y deberes. Se trata de una premisa fundamental porque, como señala el filósofo John Rawls, cuando los gobiernos y los partidos políticos no se comprometen con ese principio, lo que viene a continuación es la quiebra de las democracias.

El sistema funciona si todos asumen las reglas. De esta forma, los ciudadanos sienten respetados sus derechos y cumplen con sus obligaciones, desde acatar la ley a pagar impuestos. Por esto es tan importante el imperio de la ley, garantizado por tribunales independientes, y por esto resulta tan inquietante el actual incumplimiento, por parte de los partidos, de la obligación constitucional de renovar los órganos judiciales, cuyos miembros tienen en bastantes casos su mandato expirado.

Los líderes de los partidos, desde Pedro Sánchez a Pablo Casado, piensan que su actitud de bloqueo no les perjudica. Es posible que a ellos no les dañe, pero es letal para el propio sistema. La calidad de una democracia se mide por el respeto a sus instituciones y la valoración que de ellas hacen los ciudadanos. Y, sin duda, un órgano completamente politizado provoca en la sociedad una imagen negativa del Poder Judicial. Tanto es así que la justicia es la institución peor valorada por los ciudadanos, en contraste con la mayoría de los servicios públicos, tal y como señala el CIS.

La democracia es concebida por muchas personas como un hecho de la naturaleza que nadie puede destruir. Sin embargo, no es indestructible; es el más resistente de los sistemas, pero solo si lo cuidamos. Algunos parecen esforzarse en debilitarlo, aunque es probable que sin darse cuenta. Nada les exculpa: como establece el Código Civil, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.

Como en el teatro del Siglo de Oro, los ciudadanos siguen exigiendo una aplicación cabal de la justicia. Por ello la obligación de los líderes es preservar la calidad democrática y mantener las instituciones judiciales al margen de sus componendas partidistas. En caso contrario, ocurrirá lo que advirtió el sociólogo Juan Linz (‘La quiebra de las democracias’, 1987) sobre las expectativas frustradas: «Si los votantes se dan cuenta de que sus fines no pueden ser satisfechos por las instituciones democráticas, el propio sistema será descartado». Algo de esto se percibe entre los jóvenes españoles.