En noviembre de 2020, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE durante los años 2018 y 2019. 

El texto adoptado afirmaba que durante dichos años "tuvieron lugar actos de exaltación del terrorismo y homenajes dentro de la Unión, actos que legitiman el terrorismo, amenazan nuestra democracia y humillan a las víctimas". A continuación, se pedía que "las instituciones pertinentes", ya sea a nivel local, autonómico o estatal, "proporcionen las salvaguardias necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor".

Aquellas enmiendas, apoyadas por una amplia mayoría parlamentaria, tenían como objetivo fundamental denunciar la situación que se vive en el País Vasco y Navarra. Nadie que comparta unos mínimos valores democráticos puede comprender que existan rincones en Europa en los que se rinde tributo a terroristas, orgullosos de su pasado criminal, ante los ojos de unas instituciones incapaces de frenarlos. Ningún demócrata podría concebir que en las calles de París se homenajease a los terroristas de la sala Bataclan o que en la Grand Place de Bruselas se organizasen bailes y se jalease como a héroes a los responsables del atentado en el metro de esta ciudad.

El pretendido homenaje al etarra Henri Parot, uno de los autores materiales del atentado de la casa cuartel de Zaragoza, ha vuelto a poner en el punto de mira la celebración de los llamados ‘ongi etorri’, pero conviene tener presente que este no es un caso aislado. Según datos del Observatorio contra la Radicalización de Covite, en 2018 se contabilizaron 196 actos de enaltecimiento al terrorismo, en 2019 fueron 108 y en 2020 un total de 193, de los que 18 fueron homenajes públicos a terroristas excarcelados o fallecidos.

Las celebraciones de estos homenajes representan una humillación para las víctimas del terrorismo y un ataque a la memoria democrática del conjunto de los españoles. Pero también son síntoma de algo especialmente preocupante y es que en la sociedad vasca y navarra hay algo que no llega a sanar. Algo que no llega a funcionar en términos democráticos. La base ideológica sobre la que se sustentó el terrorismo etarra sigue estando presente en la izquierda abertzale. Han dejado de matar, pero el discurso etnonacionalista permanece y la justificación de la violencia se mantiene. El odio, la intolerancia y el radicalismo son parte de la identidad de este sector de la sociedad que, en su estrategia de legitimación del terrorismo, ahora quiere presentar a los terroristas como héroes.

Preocupa que EH Bildu, partido que no ha sido capaz de condenar el terrorismo de ETA, sea la segunda fuerza política del País Vasco con el 27,8% de los votos en las últimas elecciones autonómicas en 2020. Preocupa que los homenajes, las pancartas, las pintadas, los escraches sigan formando parte del día a día de muchas ciudades y pueblos de Navarra. No es posible construir una sociedad pacífica que conviva con normalidad si este tipo de actos persisten. Las fuerzas políticas deben mostrarse contundentes en su condena e intransigentes contra este tipo de comportamientos que representan una amenaza para la convivencia.

No solo eso. Es necesario que se les combata políticamente desde todos los frentes. Su aislamiento debería constituir una exigencia democrática. Lo que no ayuda es verlos apuntalar el gobierno navarro de la socialista Chivite o servir de muleta al Gobierno de Sánchez. Cuando conviertes a EH Bildu en fuente de gobernabilidad y lo legitimas como interlocutor válido contribuyes a su blanqueamiento. Mandas un mensaje confuso y peligroso, y alimentas el relato de quienes quieren reescribir la historia. Si terminamos por convertir en un actor decisivo de la política española a quien no es capaz de condenar el terrorismo, si somos incapaces de poner coto a estos tributos a la infamia, solo queda preguntarnos sobre qué tipo de valores estamos cimentando nuestro futuro.