La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) genera discursos que no llegan ni a confrontarse, que simplemente se superponen; no veo la ganancia de esa incomunicación de posiciones. 

Solo produce daño: a los partidos, que demuestran su incapacidad política y, sobre todo, a una administración de justicia sobre la que se sigue extendiendo insensatamente una capa de descrédito. Falta actitud y destreza, pero hay además un defecto de método que hace abandonar cualquier esperanza de reencuentro; un mal planteamiento de cualquier problema solo conduce a soluciones imposibles, irrelevantes o disparatadas.

El método de razonamiento aplicado parte de una regla o principio general que se desarrolla deduciendo consecuencias prácticas. Es método frágil porque necesita que esos principios desde los que se inicia la cadena de deducciones sean inatacables; no es el caso. El Gobierno parte de la afirmación de la necesaria democratización del gobierno judicial para concluir que en el nombramiento de los encargados del Poder Judicial debe haber una intervención significativa del pueblo español, titular único de la soberanía. Mediante un volapié retórico, en su razonamiento cambia ‘pueblo español’ por Cortes legislativas. El Partido Popular utiliza el principio de independencia judicial, del cual deduce que debe evitarse la intervención de las Cortes legislativas o del Gobierno –injerencias inaceptables– concluyendo, en otro volapié, que eso conduce a un modelo íntegramente corporativo en que sólo los jueces eligen a sus órganos rectores. Como, en mi opinión, ambos puntos de partida son insuficientemente consistentes, los razonamientos deductivos que los desarrollan quedan dañados e inservibles.

En esta ‘Tribuna’ de hoy tengo espacio solo para darle alguna vuelta a la posición del Gobierno. El argumento de la necesaria democratización del gobierno judicial se presenta acompañado por un auxiliar: la sensibilidad sociopolítica de los jueces es conservadora y, por tanto, no acorde con la del pueblo español que, mediante elecciones, ha conducido a un gobierno ‘progresista’; es necesaria una intervención correctora de esta disonancia. Los lectores conocen mi opinión sobre la inconveniencia de los términos ‘conservador-progresista’ en su formulación genérica pero, aceptando por una vez su uso, reconoceré que la judicatura es conservadora. ¡Afortunadamente!

En un Estado de Derecho la última línea de defensa del modelo social no corresponde al órgano que crea las normas, sino al que comprueba y garantiza su aplicación y eficacia. Jueces y tribunales son la barrera de una democracia frente a rebeliones, sediciones... Conservan y protegen las reglas y valores que hemos incorporado a nuestras normas jurídicas.

Hablar como categoría general de conservadurismo judicial en otro sentido me parece insuficientemente fundado y nocivo. La mayoría de los actos judiciales se construyen sobre códigos y leyes; solo una pequeña parte –es verdad que muy aparente– se fundamenta mediante conceptos generales y valores que no se recogen en textos legales sino que deben buscarse e identificarse en la sociedad misma. En el primer tipo de juicios, digamos ‘técnicos’, la democracia ya se usó y consumió en el momento de aprobar las leyes o normas que aplican; debiera bastar.

Es necesario un mecanismo que sintonice la sensibilidad social del ‘pueblo español’ –nuestro único ‘démos’– con los razonamientos judiciales, pero solo en esos casos basados sobre conceptos, tópicos y valores no contenidos explícitamente en códigos y leyes.

El discurso social se ha simplificado en formato; razonamos mediante titulares y eso no da para matices. Si presento como argumento central la democratización de la justicia, las reglas generales de la comunicación pueden llevar a concluir que en su estado actual no es democrática y nos quedamos a un paso de que sectores de la ciudadanía la califiquen de antidemocrática y, con sólo un pasito más, fascista. Seguro que un Gobierno del que forma parte la magistrada Robles y otros ministros de sensatez acreditada, no quiere desencadenar estos desarrollos, pero abren una puerta muy grande por la que entran los que ponen en cuestión la legitimidad de las resoluciones judiciales cuando les contradicen y, por tanto, su eficacia y obligatoriedad.