La fuerte incertidumbre que genera la mesa de diálogo, fijada entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña como una plataforma alejada de todo control parlamentario, se presenta sostenida en la particular oportunidad política que ha descrito el presidente Pedro Sánchez. 

Sus múltiples riesgos, que se añaden a la expresión de una imagen entre iguales que no se corresponde con la realidad, quedaron ayer confirmados cuando Junts quiso introducir como interlocutores a dos condenados por sedición e indultados del ‘procés’. El president Pere Aragonès resolvió el absurdo confirmando las severas diferencias y tensiones que existen en el seno del independentismo y en el Gobierno de la Generalitat.

Sabía Pere Aragonès que la presencia de dos indultados del ‘procés’ habría reventado la mesa de diálogo. Si ya son muchas las dudas que arrastra esta plataforma, la asistencia como interlocutores de aquellos que han sido condenados por buscar la ruptura de la unidad de España rozaba un absurdo inmerso en la provocación. Tan inadmisible y descabellada fue la propuesta de Junts, confirmando una radicalidad instalada en las tesis rupturistas del fugado Carles Puigdemont, que el propio Aragonés frenó a su socio de gobierno a sabiendas de que se abría una crisis en el seno del Ejecutivo catalán. Tal y como viene observándose, el secesionismo se presenta más fragmentado y peleado que nunca, registrándose un atasco hacia la búsqueda de la normalidad que la mesa de diálogo difícilmente podrá resolver. La Constitución fija los márgenes de cualquier proceso y el Parlamento debería ser el escenario para toda discusión de ideas o propuestas políticas. Sánchez, que debe ser consciente de que con su presencia concede un inusual rango político a esta plataforma, habría de reflexionar sobre la situación en la que sitúa al Gobierno de España.