Certificados de vacunación
El Gobierno de Aragón descarta, al menos por ahora, pedir certificados de vacunación contra la covid a alumnos y profesores. Se muestra así coherente con las decisiones judiciales en contra del certificado vacunal vistas hasta ahora en España, a pesar de que en algunos países vecinos sí que empieza a ser obligatorio para los docentes. Sea como fuere, esta decisión traslada la responsabilidad de la contención de la pandemia a los ciudadanos, que manteniendo las distancias de seguridad e higiene y reactivando el ritmo de vacunación pueden seguir aportando una enorme contribución a la inmunidad colectiva. Cuando se empieza a superar en la Comunidad la virulencia de la sexta ola, es fundamental que autoridades e individuos pongan todo de su parte para reducir los riesgos de otras oleadas que puedan derivar de nuevas variantes del virus.
Los buenos datos de vacunación entre los más jóvenes permiten afrontar el curso escolar y universitario con mayor optimismo que el año pasado. Este dato positivo, y que los jueces no consideren lícito el que la vacunación sea obligatoria, ha llevado a que no se pida a los docentes y los estudiantes que comuniquen en los centros educativos si están inmunizados. No obstante, lo sensato es potenciar las campañas para ampliar la vacunación y proteger así al conjunto de la sociedad.
En algunas democracias, como Francia e Italia, los gobiernos han extendido la exigencia de vacunación para colectivos sanitarios o educativos y de ocio, una opción esta última que los tribunales de justicia no han respaldado en España pese a la petición de algunas comunidades. Si no hay obligación, sí que debe haber persuasión. Más allá del principio de solidaridad, si no se eleva la cota de inmunización, la posibilidad de que se pongan en circulación nuevas variantes peligrosas atañe a todos.
