Credibilidad perdida
De lo mucho que ha malgastado la Generalitat en estos últimos años quizá lo peor de todo sea su credibilidad.
La fiabilidad institucional ha terminado por escurrirse abriendo un abultado espacio donde la incertidumbre se ha colado para dificultar el acuerdo. La confianza, que actúa como el pegamento imprescindible de toda negociación, se ha perdido y el valor de los interlocutores lo es más por su autoridad para alcanzar un compromiso y mantenerlo frente a los propios que por lo que pueda lograrse.
El último ejemplo de la cada vez más extendida dificultad para el sostenimiento de los acuerdos se ha vivido esta semana en Cataluña con el rechazo a la ampliación del aeropuerto del Prat. Frente a una inversión de 1.700 millones, el presidente Pere Aragonés se ha mostrado incapaz de resistir a las presiones y contradicciones internas. Desde luego, nada inocente se descubre en el anuncio del Ejecutivo central de suspender el proyecto a pocos días del inicio de la Mesa de Diálogo y de la Diada –celebrada ayer–, pero el resumen de lo sucedido vuelve a mostrar las muchas corrientes que atraviesan ERC, las dependencias y obligaciones hacia la CUP, la agriada mirada de Junts y la debilidad de Aragonés. En la Generalitat no solo hay una voz, se escuchan muchas y, en repetidas ocasiones, en abierta contracción, confirmando lo difícil de un diálogo sin fiabilidad.
El mal del Gobierno catalán no es exclusivo. La coalición que sostiene al Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos se aguanta sobre evidentes y reiteradamente expresadas diferencias que tolera el presidente Pedro Sánchez. Una convivencia afectada por la deslealtad y descubierta en docenas de ejemplos que se situó en un arrogante e incomprensible cénit con la vicepresidencia de Pablo Iglesias. Zafarse de la responsabilidad política que implica no alcanzar a frenar la descontrolada subida del precio de la luz, amenazando incluso con salir a la calle en manifestación, o desligarse del proyecto del Prat solo abunda en una esquizofrenia que trasciende a las posibles diferencias pactadas.
Contagiados la Generalitat y el Gobierno central, el cuatripartito aragonés tampoco se libra de esta corriente de deslealtad política que afecta a no pocos ejecutivos de coalición. Sin que la consejera Maru Díaz haya demostrado ninguna apetencia por el enfrentamiento o la crispación en el seno del Consejo de Gobierno, son los segundos niveles de Podemos los que están enfrascados en una carrera por hacerse notar sin otro pretexto que su propia necesidad. Así, y como si de un último portazo se tratase, la exdirectora del Cambio Climático y nueva diputada regional, Marta de Santos, se despidió de su cargo y del Pignatelli presentando lo que parecía un proyecto del Gobierno regional para constituir una empresa pública de energía. Sin encomienda alguna, Podemos golpeaba gratuita e innecesariamente a la credibilidad del Gobierno. El movimiento, que recordó a lo que ocurre en la Consejería de Agricultura con la condición impredecible del también podemista director general de Medio Natural, Diego Bayona, que juega a ignorar a Joaquín Olona, obligó a intervenir a Javier Lambán. El presidente, que ha vendido el éxito de esta legislatura sobre la tolerancia interna del cuatripartito, sabe de los riesgos de desgastarse en una carrera de deslealtades.
