El Gobierno aparca la ampliación de El Prat hasta dentro de cinco años. La ministra de Transportes culpa a Pere Aragonés de la paralización de las inversiones porque dentro de su gabinete hay un relevante sector en contra de la multimillonaria infraestructura. La Generalitat afirma que el portazo le carga de razones para que «no tenga confianza en el Estado». Sin embargo, la Moncloa achaca la frustración a la división interna en el independentismo catalán. Lo cierto es que al ‘Govern’ le corresponde la responsabilidad de haber puesto numerosas objeciones a la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Su paradójica actuación quita argumentos a los que aún mantienen el eslogan secesionista de ‘España nos roba’ porque la inversión se desvanece, de momento, por su actitud.

El origen de la discordia es la ampliación de la tercera pista del aeródromo. Cuando Aena la presentó a principios de este mes, generó críticas de ERC y del jefe del Ejecutivo catalán. A pesar de que Aragonés habla ahora de chantaje del Gobierno, su propio partido iba a participar en una manifestación que se preparaba contra la ampliación de El Prat y dentro de su ejecutivo había posiciones encontradas sobre el proyecto. Todo ello pese a que el pasado 2 de agosto se consensuó un acuerdo entre las dos administraciones para asegurar la inversión de 1.700 millones. Pura esquizofrenia.

La ministra Raquel Sánchez ha lamentado que Cataluña haya perdido esta oportunidad y ha rechazado el dilema entre priorizar la economía o el medio ambiente puesto que, según ha considerado, el proyecto era incluso una oportunidad para generar «un nuevo entorno natural en la zona». Una vez más, los gobernantes secesionistas evidencian una alarmante falta de visión de futuro al hipotecar el futuro económico, social y tecnológico de la comunidad autónoma y de todos sus habitantes.