La huelga del tranvía
En plena vuelta a la actividad en los centros educativos y cuando Zaragoza intenta consolidar la recuperación económica que se comienza a atisbar, los conductores de los tranvías inician mañana una nueva tanda de paros que amenaza con poner en jaque la movilidad; todo ello con una caída acumulada de usuarios que está generando un notable agujero económico a la concesión. Desde el máximo respeto al derecho a la huelga, es preciso hacer un llamamiento a recuperar la negociación de forma inmediata para evitar la paralización de un servicio público fundamental. En un contexto de lucha contra la pandemia de la covid y de inminente regreso a las aulas, se está obligado a actuar con la máxima responsabilidad.
Los diez años de la puesta en marcha del tranvía han supuesto un abierto cambio en el modelo de movilidad urbana de Zaragoza, garantizando a los usuarios un medio rápido, eficaz y sostenible. Ahora, después de ocho meses de paros parciales, el conflicto que viene enfrentando a los trabajadores con la empresa se encona con el arranque de un calendario de nuevos paros hasta el 7 de octubre. En disputa está la mejora de las condiciones laborales y salariales, pero hasta el 13 de septiembre el comité no contestará a la última oferta de la empresa. Es plenamente legítimo que los trabajadores expresen su protesta a través de la huelga, que es un derecho democrático y constitucional, pero habría que analizar si en este momento es útil y conveniente. De entrada, las huelgas, distorsionar la vida cotidiana de los ciudadanos y dificultan la recuperación económica tras la crisis.
En tiempos de replanteamientos generales, los sindicatos, que lideran las reivindicaciones de los trabajadores, deberían encontrar alternativas a las huelgas que fueran más eficaces para canalizar las protestas, lograr sus objetivos y que dañasen menos a la economía y a la sociedad en su conjunto.
