Buscar soluciones
Los empresarios aragoneses insisten en que la sostenida subida de los precios de la electricidad es una amenaza no solo para la incipiente recuperación sino también, en algunos casos, para su propia supervivencia. No parece un asunto sencillo abaratarlos y, de hecho, ningún Gobierno español lo ha logrado hasta ahora. Esta dificultad, no obstante, debe servir de acicate para pensar y aplicar medidas que reduzcan la factura eléctrica. En esta línea debe ser bien valorada la propuesta que Javier Lambán ha planteado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de crear comunidades energéticas locales que se abran a la participación de ciudadanos y entes locales en proyectos de energías renovables.
El presidente aragonés ha explicado que esas comunidades energéticas, en las que la DGA viene trabajando todo el verano, consistirían en la agrupación de productores de energías renovables con ayuntamientos y empresas de manera que los consumidores de luz pudieran establecer, conectados directamente, un circuito propio fuera de la red eléctrica nacional, lo cual les podría suponer reducciones del precio de la energía de hasta un 50% o un 60%. A la ministra Ribera, la iniciativa le «suena bien». Y, efectivamente, es una línea de trabajo que debe explorarse. Todo antes que seguir con la actitud de inacción que el Gobierno PSOE-Podemos transmite.
Está claro que la mayor parte de la subida de la electricidad se explica por el encarecimiento del gas natural y de los derechos de CO2. De cualquier modo, en España concurren elementos estructurales que amplifican una dinámica perversa que debe frenarse para no seguir siendo uno de los países que pagan la electricidad más cara de la UE. Resolver este problema es casi una cuestión de Estado y exige la adopción urgente de medidas, pero asegurando los principios de estabilidad y seguridad jurídica.
