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Democracia y buen gobierno

Contenido exclusivoOPINIÓNACTUALIZADA 17/08/2021 A LAS 05:00
Si queremos tener buenos gobernantes debemos actuar como electores racionales.
Si queremos tener buenos gobernantes debemos actuar como electores racionales.
HERALDO

Nos recordaba Fareed Zakaria en su celebrado ensayo ‘The rise of illiberal democracy’ (1997) que la democracia es un procedimiento legítimo para elegir a quienes nos gobiernan, pero no garantiza que nuestros elegidos hagan bien su trabajo. 

Todos recordamos el caso del presidente ruso Borís Yeltsin, que llegó al poder tras una clara victoria electoral, pero cuyos mandatos están asociados a la crisis económica y al descrédito exterior de su país. Y su caso no es excepcional. Silvio Berlusconi, Raúl Alfonsín, Jean-Bertrand Aristide, Herbert Hoover y tantos otros fueron elegidos democráticamente y fracasaron luego como gobernantes.

Con todo, hombres y mujeres del siglo XXI estamos convencidos de que la elección democrática no solo es legítima, sino también eficaz. Es decir, creemos que los gobernantes democráticos son, en general, mejores, más competentes. Y ello es así porque la democracia lleva incorporado un mecanismo muy potente para detectar y neutralizar los errores de selección: si no nos gusta cómo lo hacen, en las siguiente elecciones votamos por otros. De manera que sí, es muy probable que los países democráticos tengamos excelentes gobernantes si nos aseguramos de que el mecanismo de control de calidad funciona correctamente.

En primer lugar, debemos pensar en la forma en que los seres humanos adoptamos decisiones. Normalmente, somos muy buenos eligiendo entre dos opciones y bastante malos cuando existe un número mayor de ellas. Porque la elección binaria es fácil: si nos gusta cómo lo han hecho, los volvemos a votar; si no, votamos a la oposición. Así de simple. Con la elección múltiple, sin embargo, la cosa se complica. Elegir entre los líderes de los muchos partidos que se presentan a unas elecciones españolas se parece a seleccionar al mejor director de una gran empresa. Es un trabajo para expertos en recursos humanos, y nosotros no lo somos, así que acabamos equivocándonos más de lo que querríamos. Casi todos tenemos la experiencia de haber votado a un candidato que, por lo que veíamos y oíamos, nos parecía magnífico, para descubrir después (cuando ya era demasiado tarde) que su perfil real en nada se parecía al que nos habían vendido.

Una segunda regla importante es que nuestra elección tiene que ser racional. Debe guiarse exclusivamente por nuestra valoración del trabajo realizado por los que estaban en el poder, así como por nuestras previsiones objetivas acerca de lo que pueden llegar a hacer candidatos alternativos. Sin que nuestra decisión esté afectada en ninguna manera por cuestiones identitarias. La mentalidad de ‘viva el Betis manque pierda’ no sirve para elegir a los mejores, porque, si somos del Betis, estaremos siempre a muerte con nuestro equipo, por mal que lo haya hecho y mal que pueda seguir haciéndolo. El problema es que los partidos políticos, como maquinarias electorales que son, buscan establecer relaciones de tipo identitario con sus votantes, lo que constituye un útil mecanismo de fidelización, pero atenta contra la eficacia de la elección democrática. En ciertas circunstancias en que lo identitario tiene mucho peso puede darse la situación, aparentemente paradójica, de que unos gobernantes lo hagan rematadamente mal y mantengan casi intacto su apoyo en las urnas. Un caso arquetípico es el de la Cataluña del ‘procés’, pero hay muchos más.

La tercera y última regla es que todo cambio debería ser reversible. Uno de los factores que garantizan la eficacia de la elección democrática es la seguridad de que, si no nos gusta lo que hacen nuestros elegidos, en el siguiente ciclo electoral podremos dar marcha atrás y dejar las cosas como estaban antes. Algo que choca frontalmente con los designios de los mesiánicos del más diverso pelaje, que a menudo quieren ‘blindar’ los cambios que introducen. El problema es que, al hacerlo, modifican las reglas del juego y consiguen que la censura popular pierda en gran parte su sentido. Recordemos, por ejemplo, el caso de Hugo Chávez, que alcanzó la presidencia venezolana en 1998 al vencer en unas elecciones limpias. Y que a los pocos meses de su victoria inició la llamada revolución bolivariana con la intención de introducir cambios irreversibles en la vida del país y, de paso, favorecer su permanencia indefinida al frente de Venezuela. Aunque con posterioridad han seguido celebrándose comicios, ya nunca se han vuelto a dar las condiciones de apertura y limpieza que habían existido en 1998.

Así que no hay excusa. Si queremos contar con gobernantes competentes, debemos ser electores racionales y votar con la cabeza. Y, si no actuamos así, no podemos quejarnos de lo que hacen nuestros elegidos. Tenemos exactamente lo que merecemos.

José Miguel Palacios es doctor en Ciencias Políticas

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