El Tribunal Supremo ha dado su aval a la DGA para que decrete el toque de queda nocturno en la capital de Huesca y en los municipios oscenses de Jaca, Monzón y Barbastro. 

Corrige así al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que se negó a validar dicha medida, dictada el pasado 23 de julio por la Consejería de Sanidad, para limitar la movilidad en estas cuatro localidades e intentar frenar el repunte de casos positivos de covid-19. El mayor problema que plantea este indeseable ir y venir entre las autonomías y los diferentes estamentos judiciales es que las medidas para luchar contra la pandemia se ralentizan y pierden eficacia

El toque de queda ordenado ayer por el Gobierno aragonés en Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón ha impedido circular esta pasada madrugada por sus calles de 1.00 a 6.00 salvo por causas laborales o de fuerza mayor. La DGA pretendía haber restringido la movilidad en estos cuatro municipios el pasado 23 de julio, después de detectar que en todos ellos la incidencia acumulada de positivos a siete días era muy superior a la media autonómica. Sin embargo, el Ejecutivo regional chocó una vez más contra el TSJA y se vio abocado a buscar el aval del Supremo, que ayer, diez días después, acabó autorizando finalmente los toques de queda.

La ausencia de un marco legal claro y sin fisuras, por inacción del Gobierno central y el poder legislativo, ha generado una desconcertante disparidad de criterios judiciales entre Comunidades, entre estas y sus respectivos Tribunales Superiores, y entre estos y el Supremo. Las autonomías, a las que la Moncloa, de forma irresponsable, ha dejado solas en la gestión de la pandemia, interpretan de una u otra manera las leyes dando lugar a cierta sensación de caos que debiera haberse evitado. Además de coordinación sanitaria, también es imprescindible armonización legal.