El Gobierno catalán cubrirá finalmente con dinero público las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 ex altos cargos por malversar fondos en la promoción internacional del independentismo. 

Tras haber fracasado en el intento de encontrar un banco que ofreciera esa garantía, el Govern utilizará uno de sus organismos, el Institut Català de Finances (ICF), pese al riesgo de incurrir en ilegalidades. Pere Aragonès pretende utilizar el dinero de los contribuyentes para pagar el despilfarro y el desvío de fondos para delinquir que hicieron los líderes secesionistas. No es lícito que una Administración avale a unos delincuentes con el único argumento de que estos supuestamente estuvieron a su servicio, cuando lo cierto es que fueron condenados penalmente por atentar contra el buen funcionamiento y el patrimonio de la propia Administración.

A pesar de que el Tribunal de Cuentas advirtió a la Generalitat de que cometerá un fraude de ley si avala a los embargados del ‘procés’ cubriendo su fianza con dinero público, pues es injustificable que una comunidad considerada parte perjudicada cubra la fianza de los responsables del perjuicio, el Govern ha anunciado por sorpresa que apoyará a los encausados. Los jueces tendrán que dilucidar si estamos ante un delito de malversación y otro de prevaricación por este mecanismo creado para hacer frente a las fianzas que exigen a Junqueras o Artur Mas, entre otros. Para empezar, el Tribunal debe decir si acepta o no el aval firmado por el ICF, que es una entidad que se dedica a dar crédito a pymes, pero no es oficialmente un banco. Por agradecido que le esté el Gobierno de Pedro Sánchez a ERC, que ayer mismo le salvó ‘in extremis’ de sufrir una humillante derrota en el Parlamento, no puede dejar que se viole la ley, que se impida que el delincuente cumpla su pena y que se financie con dinero público su responsabilidad civil.