El Constitucional ha acordado anular la restricción más dura impuesta durante el primer estado de alarma, el confinamiento domiciliario. 

El Tribunal, aunque con una gran división interna (seis votos contra cinco), considera que la intensidad de esta limitación al derecho a la libre circulación exigía haber declarado el estado de excepción, que requiere de un permiso previo del Congreso de los Diputados. Se trata de un debate de calado respecto a la necesidad o no de declarar el estado de excepción en los supuestos de suspensión de derechos fundamentales. No obstante, se trata de una cuestión que tiene que ver antes con las formas que con el fondo. Por ello, la sentencia no discute la pertinencia de estas medidas para contener el avance del virus y las considera proporcionadas.

El TC da un varapalo al Gobierno por suspender derechos fundamentales con un instrumento legal que, según su interpretación, solo permitía limitarlos. El Alto Tribunal argumenta que el confinamiento de todos los ciudadanos en sus casas, en marzo de 2020, fue una auténtica suspensión, no una mera limitación, del derecho fundamental a la circulación. La Moncloa, muy molesta con la sentencia, considera que el decreto que aprobó «era absolutamente imprescindible para salvar vidas». Aunque los efectos prácticos sobre los ciudadanos de la sentencia serán mínimos, dado que lo único que habrá que estudiar es cuántas multas ya cobradas habrá que devolver, el Gobierno debe tomar nota de que algo hizo mal. No obstante, la sociedad española debe sentirse satisfecha del funcionamiento de los sistemas de control del Poder Judicial sobre el Ejecutivo. Ha quedado claro que, en los Estados democráticos, cuando se altera el orden constitucional ordinario por una situación de emergencia no surge un orden alternativo al constitucional, sino un orden extraordinario sometido a la Constitución y a su control.