La brújula de los fondos UE

La Comisión Europea ha dado recientemente luz verde al plan español de recuperación que permitirá la recepción de los fondos europeos ‘Next Generation’ en un importe cercano a los 70.000 millones de euros. 

La correcta gestión de los mismos (y su necesario control) es el gran desafío del Estado español, del que forman parte todos los poderes públicos y, por supuesto, la sociedad civil. La arquitectura de distribución y asignación de estos fondos debe garantizar la eficacia de las medidas de desarrollo que se adopten y que deben servir para ‘hacer más país’ y ayudar en la construcción del futuro. Y para ello, sin duda, debe tenerse claro el rol que deben jugar no solo el Estado, sino también las comunidades autónomas y las entidades locales. La decisión sobre el destino de estos fondos y la mejor forma de vehicularlos para obtener la rentabilidad del hasta último euro deben resultar de una política de las ideas (hay que continuar insistiendo) que ponga en valor los grandes consensos en torno a los proyectos con ‘efecto tractor’ que lleven a maximizar el impacto de las cantidades recibidas. Los nuevos fondos europeos son la gran oportunidad para hacer país e impulsar la necesaria transformación hacia una sociedad comprometida con la sostenibilidad social y ambiental y la justicia social, que aprovecha la digitalización para modernizar la organización y nuestro modelo público. Estos fines, frente a una indebida visión burocrática en su gestión, son la nueva brújula, que obliga a las administraciones, gestores y empresas a cambiar de cultura, con vocación de alcanzar la mejor rentabilidad .

Los proyectos a impulsar con estos fondos (que no deben utilizarse para ajustar el presupuesto ordinario) deben caracterizarse por un claro interés general (y multinivel), por su viabilidad, por su impulso al empleo de calidad y de largo plazo y por criterios de eficiencia y transparencia. Su selección y puesta en práctica deben alinearse de forma clara con la idea de valor frente al precio. Más en concreto, las exigencias de calidad aconsejan abandonar modelos economicistas basados principalmente en el precio, para analizar las ventajas del proyecto en términos de valor. Esto significa, por ejemplo, que los criterios vinculados a la sostenibilidad (como concepto paraguas) deben ser pilar de toda decisión pública derivada de estos fondos, superando inercias formalistas que continúan exigiendo una vinculación estricta con el objeto de la licitación. El actual contexto de crisis económica derivada de la pandemia refuerza la necesidad de avanzar hacia una nueva gestión económica mediante una gestión pública que piense en verde y en sostenibilidad social, como ejes de una nueva cultura de lo público.

Por supuesto, aunar seguridad jurídica, transparencia, buen gobierno y movilización eficaz y eficiente de las inversiones son esenciales en el norte de la nueva brújula en la gestión de los fondos europeos. Para ello, para el día después de la gestión de los fondos, es aconsejable superar interpretaciones rígidas sobre la vinculación de lo social con el objeto de la prestación, avanzando hacia postulados más funcionales y transversales (un buen ejemplo es la necesidad de utilizar los fondos europeos para corregir los problemas estructurales que causan el desempleo juvenil).

Lo realmente decisivo es conseguir la mayor eficacia de estos fondos europeos, adaptando nuestro marco legal (y su interpretación y aplicación) al nuevo contexto, en el que debe superarse la inercia a visiones formales o de miedo que frenen indebidamente, con tramitaciones largas y ancladas en la desconfianza, la selección rápida, mediante ayudas o contratos públicos, de los proyectos elegibles. El interés general, como parte del ADN de cualquier Administración pública, descansa en el mejor resultado de las prestaciones a los ciudadanos, que no debe confundirse con la tramitación y sus principios que, siendo importantes, son instrumentales al servicio del interés público. Toca, por ello, tensar al máximo las costuras de nuestra gestión pública para ir más allá de la inercia y del mantra de siempre se ha hecho así. Frente a la amenaza de riesgos de corruptelas (y donde no tendría justificación la tramitación de emergencia) puede ser suficiente una moderna política de rendición de cuentas ex post, realmente transparente, y la articulación de un mecanismo funcional de seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos de cada proyecto. Simplificación y agilidad como nuevos referentes, para consolidar los desafíos de una eficaz política (y un liderazgo institucional) dirigida a la recuperación, reconstrucción y resilencia, que pivote sobre la sostenibilidad social y ambiental, que piense en pequeña escala (como son las PYMEs) y donde el desafío de fijar inversión productiva estable pueda ser una realidad. Sólo así se puede acertar con la correcta eficacia, en clave de país, de estos fondos europeos.