La reciente propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de dar mensualmente durante dos años un ‘cheque-bebé’ de 500 € a todas las madres menores de 30 años con ingresos inferiores a 30.000 € al año (equivalente a 14 pagas de 2.143 €) desconoce o desprecia lo que las ciencias sociales han aprendido sobre este asunto en las últimas décadas. 

Habrá cheque, presupuesto, beneficiarias (aunque solo si llevan 10 años empadronadas, para evitar el efecto llamada... y excluir inmigrantes, incluso españolas). Pero su efecto social probablemente sea casi nulo o hasta negativo. Ayuso buscaría ante todo un efecto político, promover su ambición personal a nivel nacional.

Las políticas que incentivan la natalidad mediante transferencias directas de dinero han fracasado allí donde se han intentado, siempre. No importan el dinero ni los límites de edad, origen o renta; lo decisivo es que hoy una residente en un país como el nuestro puede tener un control casi perfecto de su vida reproductiva, al menos respecto a la distribución temporal de los embarazos y el número de hijos. Y las mujeres, aquí y en Pekín, quieren tener pocos, por dos motivos: en casi todos los niveles sociales de un país desarrollado los hijos suponen no solo un alto coste económico sino una pérdida de libertad personal, de oportunidades profesionales y de estabilidad conyugal; además, su futuro es hoy muy incierto: especialmente las clases medias ven que los sueldos no suben, las prestaciones sociales se recortan, el empleo público disminuye y el privado, impelido por la competencia y la revolución tecnológica, proletariza hasta a ingenieros y abogados; que los títulos universitarios no garantizan un buen ingreso, los pequeños negocios viven asediados por las grandes cadenas de distribución, y el ascenso social es cosa de elegidos; que la propiedad inmobiliaria se concentra en pocas manos financiera y políticamente poderosas; y que el calentamiento global y la creciente tensión internacional nublan el horizonte existencial a nivel global. Etcétera. Lo que funciona, y no tanto, es subvencionar servicios que favorecen la conciliación: guarderías, extraescolares, puestos de trabajo compartidos, prolongación parcial de permisos de maternidad… Esto ya da una pista de por qué el cheque de Ayuso es ante todo propaganda.

Durante la pandemia la natalidad ha caído casi un tercio desde un nivel que ya era bajísimo. La mayoría de esos nacimientos solo se han pospuesto y ocurrirán en los próximos dos años, sumándose a un ligero repunte que cabe esperar acompañe, como suele suceder, al auge económico coyuntural que casi con certeza producirán los fondos europeos. Ocurrirá también que algunas mujeres que planeaban tener hijos a comienzos de la treintena, sin tener más prole a lo largo de su vida, adelantarán su embarazo para aprovechar el regalo. Y donde ese dinero será un maná es en los segmentos sociales donde por motivos de clase, étnico-culturales, religiosos u otros las mujeres no tienen expectativas profesionales, se ‘realizan’ como amas de casa y madres (y empleadas precarias y mal pagadas) y tienen casi todos sus hijos antes de los 30: van a cobrar por hacer lo mismo que ya hacían. Y en el caso de que algunas mujeres aborten por motivos económicos el cheque podría tener un ligero efecto actual, pero es muy improbable que esas mujeres tengan, en total, más hijos que sin el cheque.

En suma, su efecto demográfico seguramente será mínimo, pero unido a un previsible repunte coyuntural de la natalidad, sin relación con él, permitirá ‘mentir con estadísticas’ para halagar al nacionalismo natalista y captar algún voto ‘social’. Su efecto mayor será el recorte de otras partidas que lo financiará, inevitable por la pérdida de ingresos de la rebaja fiscal, esa sí real. La oposición deberá denunciarlo si causa sufrimiento social y, de paso, explicar propuestas como la de Más Madrid: 1.800 euros al año (150 € al mes) para todas las mujeres por hijo a cargo hasta los 16 años. Es decir, 28.800 euros por hijo, frente a los 12.000 de Ayuso, y para más del doble de niños porque más de la mitad de los hijos se tienen después de cumplir 32 años. ¿Cómo se financiaría ese gasto? ¿Qué efectividad se prevé y cómo y en qué plazo se la evaluaría? Si esto no se aclara, estamos ante mera contrapropaganda. Y finalmente, dejando de lado la demagogia política y la racionalidad instrumental tecnocientífica, hablando moralmente, ¿no es perverso tasar niños?