Concedidos los indultos a los condenados del ‘procés’ comienza un nuevo reparto de cartas. 

Baraja Pedro Sánchez y la ‘mesa de diálogo’ es el tapete sobre el que se juega el futuro Estado autonómico. Un foro en el que, tal y como expresaba en estas mismas páginas el presidente Javier Lambán en su artículo ‘Convicción y responsabilidad’, «va a tener muchas dificultades para alcanzar acuerdos asumibles para la mayoría de los españoles». Mientras el Gobierno sitúa la apertura de esta mesa en el terreno de la revisión del modelo de financiación y en el de la construcción de un renovado marco competencial (dos asuntos especialmente críticos que explican buena parte de los desequilibrios autonómicos), la Generalitat insiste en centrarse en la amnistía y la autodeterminación. Ambas posturas, solo coincidentes en su contribución al vaciado del sentido de la comisión bilateral Estado-Generalitat, alertan del arranque de la redefinición del modelo autonómico. Una revisión sobre la que el resto de las autonomías se muestran, a fecha de hoy, absolutamente ajenas y que advierte de errores cometidos en el pasado.

Si en noviembre de 2003 José Luis Rodríguez Zapatero, todavía candidato a la presidencia del Gobierno, pronunció en Cataluña la frase que desencadenaría buena parte de las actuales tensiones secesionistas -«apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán»-, hoy, en junio de 2020, la ‘mesa de diálogo’ anuncia una voluntad política inclinada hacia la ventaja y el beneficio amenazando el principio de igualdad. El camino en dirección hacia la excepcionalidad es tan claro que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, no ha tardado en reconocerlo para exigir, también para el País Vasco, un trato parejo. La solución de Ortuzar pasa por un «nuevo estatus» para ambos territorios, así como por el reconocimiento de su condición de naciones, «la bilateralidad con el Estado y un sistema de garantías para resolver los conflictos a través del diálogo y el respeto».

Explicaba en HERALDO hace unos días el jurista José Tudela que «la ‘mesa de diálogo’ entre el Gobierno y los independentistas catalanes puede ser más peligrosa para el interés general del Estado que los propios indultos». Si sobre la mesa se plantean cuestiones tan significativas como la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, la redefinición del terreno judicial, ciertas infraestructuras o el control, por ejemplo, de las aguas jurisdiccionales, se podría abrir un espacio no acordado de reelaboración de la idea hoy compartida de lo que es el Estado.

Nada se puede objetar ante una posible evolución del modelo autonómico, siempre y cuando atienda a un procedimiento pactado por las fuerzas políticas en el Congreso y cuente con la imprescindible seguridad jurídica, pero como señalaba el presidente Lambán en su artículo «habría de ser el nuevo Estatuto catalán el que se acomodara a la Constitución reformada y no al revés». Lambán, que como otros dirigentes socialistas no tiene miedo a una reforma constitucional que «aborde el perfeccionamiento del Estado autonómico», ha introducido el elemento de la actualización, un tema, que de abordarse, debería hacerse desde la existencia de un clima ajeno a todo interés partidista. Cualquier evolución requiere de un debate político plural que trascienda a una mesa de diálogo concreta. Será entonces cuando se garanticen los criterios de igualdad y solidaridad.

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