Bruselas ha dado luz verde al plan español de recuperación tras la pandemia, que abre la puerta a recibir hasta 140.000 millones de euros, entre transferencias directas y créditos. Este plan es especialmente valioso porque, como ha afirmado Ursula von der Leyen en Madrid, está destinado a transformar profundamente la economía del país. Sería deseable, aunque desgraciadamente parezca improbable, un mayor nivel de consenso político para concretar las reformas estructurales que nos exigen desde la UE. Modernizar el sistema productivo y social es tarea de todos.

España está empezando a salir de la emergencia sanitaria y, progresivamente, hay que centrarse en la crisis económica. Para abordar con éxito este objetivo es imprescindible sacar el máximo provecho de los recursos proporcionados por la UE. Se trata de una gran oportunidad para modernizar el país con los criterios marcados por Europa, de generar una economía más verde y más digital, pero atendiendo también a la cohesión social y territorial. En este sentido, el papel de las comunidades autónomas es fundamental. El Gobierno de Aragón está reaccionando a este requerimiento y ya ultima la orden que permitirá repartir ayudas estatales por un importe total de 141 millones de euros entre los autónomos y las pymes que acrediten pérdidas por la covid. Los beneficiarios de las ayudas se comprometerán a mantener la actividad de los negocios al menos hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán repartir dividendos ni incrementar las retribuciones de los equipos de dirección. Esta condicionalidad de las ayudas a que los negocios mantengan abiertas las puertas a medio plazo es una estrategia positiva para aminorar el impacto de la parálisis de la economía que se ha sufrido hasta ahora por la pandemia. Puede ser especialmente útil para reforzar la incipiente recuperación económica en Aragón y en todo el país.