Contra los indultos
Las decenas de miles de personas que ayer se concentraron en la plaza de Colón de Madrid son la prueba del rechazo que suscita entre una parte importante de los españoles el posible indulto de los políticos independentistas condenados por sedición.
Más allá de la presencia en el acto de líderes de diversos partidos y de las ‘fotos’ que se hicieran o no, la voz que el Gobierno debe escuchar es la de la sociedad civil, antes de tomar una decisión que erosionaría los fundamentos del edificio constitucional
Todo indica que el Gobierno PSOE-Unidas Podemos se dispone a indultar a los doce dirigentes políticos catalanes que, en septiembre y octubre de 2017, dirigieron el intento de forzar la legalidad para romper la unidad de España. Esa medida de gracia supondría un serio error político, máxime cuando ni los condenados ni los partidos separatistas ni la Generalitat han mostrado el menor signo de arrepentimiento. La posibilidad de esos indultos produce una profunda desazón a la mayoría de los españoles, un rechazo que ayer se hizo patente en la manifestación de Colón, promovida desde entidades cívicas y en la que participaron los líderes del PP, Ciudadanos y Vox, pero que congregó a un gran número de ciudadanos, que probablemente no fue mayor debido a las restricciones a las que obliga la pandemia.
El primer requisito para la normalización de la vida política catalana debe ser la aceptación sin ambages del marco constitucional y estatutario, que regula la convivencia y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Pedro Sánchez y su Gobierno harán mal en desdeñar la manifestación de ayer en Colón colgándole una etiqueta partidista. Los indultos no solo pueden suponer un serio desgaste para el Ejecutivo y para el PSOE, sino, lo que es mucho más grave, pueden dar nuevas alas al secesionismo y contribuir a mermar los principios del Estado de derecho.
