La calidad de las argumentaciones suele estar en relación directa con la solidez de las posiciones. 

Cuando entendemos que el enfoque que defendemos es vulnerable, aparecen en nuestro discurso trampas, trucos y recursos de una retórica de la desesperanza; por ejemplo, sacando del cajón alguno de esos conceptos mayores que nadie se atreverá a discutir: democracia, justicia, igualdad, progreso, ‘interés general’... (ahora parece que le toca a ‘utilidad pública’) y, por supuesto diálogo. Con ellos se busca tapar la ausencia de fundamentos concretos y sólidos.

La comunicación política permite que discursos pobres, construidos sobre este tipo de palabras vaporosas, inmanejables o inútiles, produzcan efectos no en el interlocutor pero sí en los espectadores. Una retórica-espectáculo deformada, en que todos aspiran a ser revestidos con la cualidad moral de ‘dialogante’ que los asesores convertirán fácilmente en valor político.

Pero decir ‘diálogo’ sin más es no decir nada. Si acudo al médico y se limita a decirme ‘tiene usted que curarse’ no me quedaré muy tranquilo.

El término tiene al menos dos dimensiones:

1. Diálogo como actitud: disposición a abordar problemas hablando; a evaluar lealmente propuestas y a modificar mis posiciones de partida, incluso sustancialmente. Formulado así, de manera genérica, es de reconocimiento tan universal que su declaración apenas tiene valor.

2. La propuesta y aceptación del diálogo sólo tendrá utilidad cuando hablemos no de esa actitud, sino de un procedimiento concreto: con una petición concreta (el ‘petitum’) y unos indicios de fundamento que acrediten su razonabilidad. En que los intervinientes asumen unas ‘reglas de la discusión’; entre otras, la aceptación expresa como punto de partida de la legalidad vigente y la legitimidad de las instituciones existentes (Rey y tribunales incluidos).

En cuanto a los objetivos del diálogo: un Estado es una estructura institucional compleja creada –constituida– por el titular de la soberanía para auxiliarle en sus acciones. Es más fácil si tiene soportes naturales (geografía, cultura...) pero hay casos de éxito de Estados abstractos: con muy poca presencia de esos apoyos naturales (Estados Unidos). Por esto, en cuanto al punto de llegada, evitaría hablar de líneas rojas: el Estado se constituye con leyes y una ley se cambia con una ley.

Por el contrario propongo ser muy estrictos en el procedimiento.

1. Debe ser indiscutible que partimos del actual estado de cosas, que fijamos como punto cero. Que no se trata de valorar la reversión de unas decisiones, de volver a un estatus dañado injustamente en 1714, entre otras cosas porque ese pretendido punto de regreso nunca existió.

2. Propongo ser muy rigurosos en la aceptación de fundamentos históricos. Una ley se cambia con otra ley, una historia no se puede cambiar salvo con manipulación y falsedades. Debe rechazarse cualquier traza de fundamento de aspecto histórico no contrastado, especialmente los que apuntan a la tesis de la restitución (que nos devuelvan lo que nos arrebataron por la fuerza). En concreto:

Cataluña nunca ha sido sujeto jurídico político soberano; ni siquiera sus condados. Desde la recuperación de una organización política compleja en la Edad Media, esa condición de sujeto soberano ha correspondido únicamente a reyes y reinas. Esto sólo cambia cuando el rey sea sustituido –de esas maneras– por el ‘pueblo español’ desde 1812.

No existiendo Cataluña como sujeto, difícilmente podría confederarse ni cosa parecida con otros sujetos igualmente inexistentes. No existe el título de rey de Cataluña, por lo que no puede aceptarse el recurso a ordinales propios (del tipo ‘Alfonso V de Aragón, IV de Cataluña’ leído recientemente en el BOE).

El lenguaje institucional recicla palabras; pese a la coincidencia de letras, esos homónimos deben diferenciarse. Por ejemplo, la Generalidad es una institución constitucional que aprovecha el nombre de otra que nunca tuvo sus competencias. No cabe continuidad.

Son cosas que parecen pequeñas pero que en un contexto de confrontación proporcionan grandes ventajas argumentativas.

La alternativa ‘diálogo o conflicto permanente’ es tramposa. Plantea un dilema falso; diálogo significa tantas cosas que no significa nada. El conflicto es real, pero hay quien lo alimenta desde su Diario Oficial.