El rey, los indultos y la paja seca
En aquel verano de 1936, España acumulaba cientos de kilos de paja seca por los cuatro costados del país.
Cualquier chispa podía producir un incendio de dimensiones incontrolables, como así sucedió. La excusa o la causa, según quien lo cuente, fue el asesinato del diputado Calvo Sotelo, pero podía haber sido cualquier otro acto de violencia de los que asolaban esa España vehemente.
En la actualidad, la paja seca se amontona en Cataluña desde hace años, y especialmente en la última década, por la ardua labor de los partidos políticos y las partidas callejeras independentistas. Si Pedro Sánchez, en su versión de presidente del Gobierno, ha decidido impulsar unos indultos parciales para remojar esa peligrosa sequedad, contribuirá a prevenir algunos incendios inmediatos. Si lo hace para mantenerse en el poder como pago a una deuda previamente contraída, estará echando más paja seca al páramo catalán.
La Constitución prohíbe los indultos generales. Si estos indultos se tramitan como individuales podríamos estar ante un fraude de ley. Mas la constatación del mismo, y la consiguiente declaración de invalidez de los indultos, corresponde establecerla al poder judicial.
Qué debe hacer el monarca en este caso. Cabe señalar que uno de los últimos actos como vicepresidente de Pablo Iglesias consistió en el nombramiento como secretario de Estado para la Agenda 2030 de Enrique Santiago. Nada que objetar a una actuación legal y legítima. El correspondiente real decreto salió publicado en el BOE de 31 de marzo de 2021 con la firma del Rey y la clásica fórmula "vengo en nombrar". Lo curioso del caso es que el flamante nuevo secretario de Estado había afirmado apenas un par de años antes que si en España se dieran "las mismas condiciones" que en la Rusia de 1917, "indudablemente" iría al Palacio de la Zarzuela y haría lo mismo que Lenin con el zar. Cabe recordar que en una granja de los Urales fueron asesinados el zar, su mujer y sus cinco hijos. También asesinaron al escaso personal que se mantenía a su servicio. Ni con los perros tuvieron piedad.
El rey ni gobierna ni administra. El rey no hace política ni los partidos deberían hacer política con el rey. La Jefatura del Estado no es ningún poder del Estado. La Corona carece de competencias generales. Ejerce funciones constitucionales que han de ser refrendadas por las autoridades públicas competentes. Por tanto, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, como la sanción de las normas o la expedición de reales decretos, carece de voluntad propia. Se podría decir que actúa como un simple notario, que da fe de lo aprobado por las Cortes o por el Gobierno, pero incluso sus facultades son menores, ya que carece de la capacidad para hacer advertencias legales. Su inviolabilidad constituye en este caso el reverso de la imposibilidad de negarse al cumplimiento de las mismas.
Por ello, el Rey deberá firmar los indultos, porque está constreñido por la doctrina de los ‘actos debidos’, porque es el ciudadano español más obligado por nuestra Constitución, que le legitima y le exige, porque vive aferrado a una Constitución, que también se ha sostenido y sostiene gracias a sus actuaciones y las de su padre, hoy expatriado.
Dicho esto, habrá que ir pensando en acotar y disminuir sus funciones constitucionales. No tiene sentido que siga obligado a nombrar a un secretario de Estado dispuesto a ser eventualmente su verdugo, que sancione normas sobre cuya constitucionalidad existen serias dudas o que firme los indultos de quienes le denigran y quieren terminar con la monarquía parlamentaria.
La imagen del rey no debería verse afectada porque su firma acompañe a la del ministro de Justicia en la concesión de los indultos que atañen a los condenados por sedición. Todo lo contrario, cumplirá con su deber constitucional y será una muestra más de su indudable patriotismo y del respeto a la legalidad que nos hemos dado.
