Si hace un año alguien hubiese pronosticado que los principales países del ámbito occidental iban a ponerse de acuerdo para estrangular los paraísos fiscales, exprimir en favor del erario los beneficios de las multinacionales y obligar a las grandes compañías tecnológicas a pagar impuestos donde hacen su negocio y no donde les ofrecen las rebajas más jugosas, todo el mundo hubiese pensado que el profeta sufría alucinaciones. 

Y sin embargo, eso exactamente es lo que ocurrió el pasado sábado en la reunión que mantuvieron en Londres los ministros de Finanzas del llamado Grupo de los Siete (G-7).

Alguien podría pensar que se trata de uno de esos efectos paradójicamente beneficiosos de la pandemia, del tipo ‘saldremos más fuertes’ o ‘seremos mejores’, pero no parece probable. Algo sí que habrá tenido que ver el hartazgo de algunos países europeos, España incluida, con los mangoneos fiscales de las tecnológicas americanas, una disputa que parecía condenada a agriarse y a eternizarse. Pero si Estados Unidos cede es, fundamentalmente, porque tiene ante sí el enorme desafío de China. La pugna con China está detrás de la mayoría de los cambios en la política económica estadounidense que se están apuntando en estos meses. Una parte al menos de las élites de Washington sabe que si Estados Unidos quiere conservar la hegemonía política, tecnológica y económica frente a un gigante de 1.300 millones de habitantes que crece cada día en riqueza, poder y conocimiento, tiene que conseguir movilizar todas las energías de la nación en función de esa tarea, bajo la dirección de un Estado fuerte.

En ese planteamiento, que algunas empresas transnacionales vayan por libre, como si fueran apátridas, sin arrimar suficientemente el hombro no encaja bien. Y reñir continuamente con los aliados por cualquier cosa, tampoco. El desafío chino es una de las principales fuerzas que está reconfigurando el mundo, por su propia energía y por la de las reacciones que suscita y seguirá suscitando.