Nada parece más natural que el presidente del Gobierno de la nación y el de una comunidad autónoma hablen y que se emplacen para una reunión y para dialogar sobre diversos asuntos. 

Lo malo es que en la conversación telefónica que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Pere Aragonès caben serias dudas sobre cómo encajará ese ‘diálogo’ en el respeto a las instituciones democráticas, dentro de la Constitución, que el nuevo Govern se resiste a acatar.

Este primer contacto con el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña llega cuando Pedro Sánchez ha admitido ya dos importantes y preocupantes concesiones a los independentistas: una ‘mesa de diálogo’ al margen de las instituciones constitucionales, cuyas primeras reuniones se produjeron en la etapa de Torra, y la concesión del indulto a los políticos condenados por sedición. Y lo más grave es que, por su parte, el Govern y las fuerzas que lo sustentan no se han movido de sus posiciones. No acatan sin ambages el marco constitucional y estatutario, especulan con la idea de repetir la intentona de octubre de 2017 y dan cabida a las estructuras paralelas de poder establecidas desde Waterloo por el huido Puigdemont. En estas circunstancias, que no parece previsible que cambien a corto plazo, el camino emprendido por el presidente de la nación resulta peligroso. No solo para la acción política del Ejecutivo, sino sobre todo para el interés superior del Estado de derecho. Sánchez ha repetido en muchas ocasiones que el diálogo sobre Cataluña debía hacerse siempre dentro de la Constitución. Esa condición dista mucho ahora mismo de estar garantizada. Y hasta podría ocurrir, con el indulto y la ‘mesa’, que quien, como Oriol Junqueras, protagonizó el mayor atentado contra el ordenamiento democrático español se convirtiera en interlocutor de un diálogo que estaría viciado de raíz. El Gobierno de la nación no debiera dejarse arrastrar a un proceso semejante.