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la rotonda

Los indultos y la moderación

Por
  • José Tudela Aranda
OPINIÓNACTUALIZADA 05/06/2021 A LAS 05:00
Reunión de Sánchez con los independentistas catalanes
'Los indultos y la moderación'
Agencias

Hace unas semanas, un grupo de ciudadanos firmábamos una declaración bajo la rúbrica ‘Radicalmente moderados’, abierta aún a la adhesión de quienes la compartan. 

En ella, apostábamos por la moderación como cualidad esencial para el ejercicio de la política. La moderación, decíamos, no significaba no poseer unas ideas claramente posicionadas. Moderación significa entender que el otro tiene el mismo derecho que tú a tenerlas; que cabe que esté, total o parcialmente, en la verdad; y que sin contar con ese otro es imposible construir un proyecto de país, hacer política de verdad. El debate suscitado por la posible concesión de los indultos a los políticos catalanes presos por su comportamiento delictivo en el otoño de 2017, me reivindica en la necesidad de esas tesis. Toda intervención pública requiere moderación. Pero cuanto más transcendente sea, mayor deberá ser la dosis de prudencia. En el debate sobre los indultos, una vez más, la realidad contradice esta exigencia.

Como es sabido, la cuestión se plantea cuando el presidente del Gobierno anuncia que está predispuesto a la concesión de los indultos porque la democracia es concordia y no venganza. Hoy, se recuerdan declaraciones del presidente Sánchez reclamando un cumplimiento íntegro de las penas. En política, rectificar es necesario. Pero hay un requisito insoslayable. El cambio de posición debe ser justificado. Y, normalmente, no hay otra explicación que una modificación relevante de las circunstancias. Algo que, como ha recordado el Tribunal Supremo, no sucede en este caso. Los presos no admiten su falta y no tienen problemas para indicar que reiterarían su comportamiento delictivo. Los indultos, como expuso el profesor Tomás y Valiente, son una quiebra al Estado de derecho y solo mediando circunstancias excepcionales pueden concederse. Así, se transmite la sensación de que el Gobierno no explica su cambio de posición porque el motivo real no es otro que la necesidad de contar con los votos de Esquerra para acabar la legislatura. Una percepción comprometedora para una cuestión tan relevante y que se agrava por el anuncio por el ministro de Justicia de la reforma del delito de sedición en el Código Penal.

Para que los indultos del ‘procés’ pudiesen abrir una vía de entendimiento en Cataluña el presupuesto debería ser que los condenados acatasen la Constitución

El juicio que merece la reacción de la oposición no es tampoco positivo. La sensación que transmiten las decisiones adoptadas es que lejos de enfocar el tema bajo las exigencias derivadas del interés público general, domina la búsqueda del rédito electoral. La adhesión a la manifestación convocada por una plataforma ciudadana en contra de los indultos y el anuncio de recogida de firmas en el mismo sentido son signos evidentes de ello. Se ignora la política y se busca la imagen como origen de un beneficio electoral inmediato. En este caso, con el agravante de reiterar pasados (y graves) errores que tuvieron significativas consecuencias tanto para sus impulsores como para el conjunto de las relaciones de Cataluña con el resto de España.

Llegados a este punto, asumo, de manera exclusivamente personal, el reto de traducir el significado de una política moderada en relación con los indultos. La premisa es separar la decisión de cualquier ventaja partidista. Se trata de un hecho trascendente que afecta a una cuestión esencial para nuestro futuro. Se reitera por quienes defienden la medida que los indultos son, al menos, una oportunidad para comenzar a resolver la cuestión catalana. Personalmente, entiendo que podría ser así. Pero el condicional es decisivo. Los indultos son un ejercicio de gracia, de generosidad, que el Estado (no un determinado gobierno) puede plantearse en el contexto de dos hechos esenciales. Por una parte, el respaldo expreso por quienes indultan al significado de la sentencia por la que se condenó a quienes en el otoño de 2017 actuaron contra Derecho, violentando el Código Penal y la convivencia de los ciudadanos de este país. Por otra, la asunción inexcusable por los indultados de un futuro comportamiento leal con la Constitución y el Estatuto de autonomía, lo que no significa renuncia a su objetivo político. La concesión del indulto no puede parecer una señal de rectificación del Estado. Debe ser (y parecer) al revés. Una medida de gracia de un Estado fuerte que solo exige a sus ciudadanos, a todos, el cumplimiento de la ley. El presupuesto, al menos, debe ser una señal de que el independentismo catalán se encuentra realmente predispuesto a la concordia que para muchos justificaría los indultos. Hoy estamos lejos de ese paisaje.

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