Muy fuerte debe ser la obligación o la convicción cuando el presidente del Gobierno apuesta por indultar a los condenados del ‘procés’ a sabiendas de la desorientación que la medida genera en su partido. 

Las encuestas son claras: los votantes socialistas rechazan una propuesta que no alcanzan a comprender y que temen que genere un mayor desgaste a un PSOE afectado por un cambio de ciclo político que se descubrió en las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid. La pandemia, sumada a una creciente alternativa política, rompe con la fidelidad del voto, pero si se le añade la tensión territorial puede hacer que un partido reviente internamente.

Para una parte importante del PSOE los indultos carecen de un mínimo sentido de oportunidad. La falta de arrepentimiento de los condenados despliega una fuerte sensación de pacto político previo interpretado como un deseo de esquivar la sentencia. La ley recoge tres supuestos para la concesión de un indulto, que conviene recordar es potestativo del gobierno y no exige de ninguna petición de perdón. A los criterios de justicia y equidad se añade el de utilidad pública, siendo este último el que le abre la puerta a Pedro Sánchez para hablar de un alivio de la tensión política en Cataluña. Sin una explicación, sin comprender a cambio de qué se concede el indulto y sin ningún acuerdo parlamentario, la utilidad pública queda reducida a la estrategia de Sánchez, que ni siquiera coincide con la del PSOE.

El anuncio del indulto, que ha dividido a los socialistas –Felipe González ya se ha expresado en contra mientras Rodríguez Zapatero ha mostrado su respaldo–, advierte de una más que posible fuga del voto moderado. La reacción tampoco se ha hecho esperar en las autonomías del PSOE. La intención de Sánchez, que ha generado una fuerte onda expansiva, ha movilizado a los barones de Extremadura y Castilla-La Mancha (el presidente Lambán está convaleciente) y terminará por colarse en las primarias en Andalucía, donde Susana Díaz pelea por el control del partido. El riesgo de la propuesta, acrecentado tras la postura contraria del Tribunal Supremo, añade dudas hasta sobre la rentabilidad que obtendría el PSC de Illa.

Reconociendo que a la legislatura aún le restan bastantes meses de vida –en especial por la atractiva gestión de los fondos de rescate y por el hecho de que, en caso de ruptura con sus socios, Sánchez podría aguantar prorrogando los presupuestos–, el anuncio de los indultos se comprende desde la distancia con la que Moncloa observa las próximas generales. Asumir ahora el desgaste y confiar en que el tiempo diluya las reacciones explica la elección de un momento que coincide con la constitución del Govern.

El movimiento, que actúa sobre la simbología que el independentismo ha sabido construir alrededor de los presos, de la que se ha contagiado una parte de la sociedad catalana, se producirá a cambio de nada, aunque con los indultos se bendice al Ejecutivo de Pere Aragonès mientras se prepara la Mesa de Diálogo. La decisión de Sánchez, que ni siquiera se ha preocupado de la reacción de sus bases, se centra en evitar la retroalimentación del secesionismo buscando un pase de página. Los riesgos, en especial cuando no se exige el respeto a la legalidad constitucional, son elevados para un PSOE que se expresa dividido, aunque habrá que esperar a los efectos que genere la nueva cita en Colón.