El 2 de diciembre de 2020, la Comisión Europea presentó una nueva estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los derechos fundamentales (la Carta). 

Entre sus propuestas, incluye una nueva condicionalidad en el marco de las ya existentes para acceder a los fondos europeos, a saber, la aplicación efectiva de la Carta. En esa misma senda, los fondos de recuperación de la UE están condicionados al cumplimiento del Estado de Derecho. También existe un régimen de condicionalidad para la protección del presupuesto de la UE vinculado con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Esta exigencia no deja de suscitar críticas y escepticismo entre ciertos Estados miembros de la UE por considerar que interfiere en competencias que les son propias.

Pues bien, los Estados con estructuras federales o cuasi federales bien podrían ser un laboratorio de pruebas de la canalización y la distribución territorial de los fondos europeos. Se trataría de involucrar de forma directa a los entes territoriales en la gestión financiera condicionada al respeto del Estado de Derecho, y a los derechos fundamentales. Así, los entes territoriales, y no sólo la administración central del Estado, estaría condicionada a cumplir los principios de legalidad; seguridad jurídica; prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo; tutela judicial efectiva; separación de poderes y no discriminación e igualdad ante la ley. Quizás sea una metodología que merezca ser explorada en los próximos años.