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la rotonda

Estado de derecho

Por
  • Borja Giménez Larraz
OPINIÓNACTUALIZADA 29/05/2021 A LAS 05:00
Sede del Consejo General del Poder Judicial en Madrid
'Estado de derecho'
Efe

En 1965, Walter Hallstein, uno de los principales artífices del Tratado de Roma y el primer presidente de la Comisión calificó a la Comunidad Europea como una "Comunidad de Derecho". 

Muchas veces se pone el acento en describir a la UE como una comunidad política, económica o de valores. Y seguramente es cierto, pero el Estado de derecho constituye un valor fundamental que contribuye de manera trasversal al correcto funcionamiento de la Unión. El Derecho por encima de todo como firme aliado en la defensa de las libertades individuales y políticas.

Durante los últimos años, el respeto al Estado de derecho se ha convertido en un elemento central del debate político en Bruselas. La causa fundamental ha sido la deriva autoritaria que han tomado los gobiernos de Polonia y Hungría. Ambos ejecutivos han aplicado reformas en un sentido cada vez más alejado de los valores consignados en los tratados, y algunas de sus actuaciones han representado un riesgo claro de vulneración del Estado de derecho.

El miedo a la apertura de grietas en el sistema de derechos y libertades de la Unión ha provocado la reacción de sus instituciones. Se ha activado por primera vez el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la UE que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos. Además, a lo largo de este último año, se han puesto en marcha nuevos instrumentos de control como el mecanismo que permitirá la suspensión o reducción de fondos europeos cuando se produzcan violaciones del Estado de derecho.

Las reformas acometidas en el sistema judicial por parte de los gobiernos de Polonia y Hungría han sido el principal objetivo de las críticas de la UE. Unas reformas que, a juicio de Bruselas, atentan contra la separación de poderes y la independencia del poder judicial. Por eso, todavía hoy, pocos se explican cómo el PSOE y Podemos presentaron sin rubor alguno, a mediados de octubre de 2020, una proposición de ley con la que rebajar la mayoría necesaria para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Una propuesta que se asemejaba enormemente a la reforma del llamado Consejo Nacional del Poder Judicial de Polonia y que tanto se venía criticando, y con razón, desde el Parlamento Europeo. Aquel día a muchos miembros de la familia socialdemócrata europea se les debió de quedar el rostro helado ante el anuncio que llegaba de España.

Sánchez y sus socios de Podemos se equivocan cuando desprecian a la oposición
en cuestiones que afectan a la independencia del poder judicial, dejando
en evidencia una manifiesta falta de cultura democrática

La Comisión Europea, en un acto poco común, salió de inmediato a mostrar su inquietud por la propuesta planteada. Tras meses de llamadas de atención, los partidos que conforman la coalición de gobierno decidieron retirar la propuesta. Pero el ruido en torno a la intromisión en España del poder ejecutivo y legislativo en el poder judicial no llega a cesar.

Hace unas semanas, el Parlamento Europeo pedía explicaciones formalmente al Gobierno de España por la ley que limita los nombramientos del CGPJ en funciones. La Comisión también ha venido mostrando su preocupación en el último año por la cercana relación entre el Gobierno de España y la Fiscalía General del Estado, que recae en manos de quien fuera ministra de Justicia. Y resulta especialmente reseñable el hecho de que hace solo unas semanas el comisario de Justicia, Didier Reynders, pidiera que, de acuerdo con los estándares europeos, se avanzara en reformas estructurales que lleven a que la mitad del CGPJ sea elegido por los propios jueces.

La UE ha puesto el foco en el sistema judicial español y auguro que las llamadas de atención al Gobierno de España no han terminado. Un ruido perturbador que daña enormemente la imagen y reputación de nuestro país y que podría incluso llegar a poner en riesgo los fondos de recuperación.

Sánchez y sus socios de Podemos se equivocan cuando desprecian a la oposición en cuestiones que afectan a la independencia del poder judicial, dejando en evidencia una manifiesta falta de cultura democrática. Resulta descorazonador que los partidos de gobierno solo reaccionen ante los avisos de Bruselas. Que no lo hagan por propias convicciones. Que no entiendan que el Estado de derecho es la piedra sobre la que se sustenta nuestra democracia.

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