El Gobierno no ha conseguido alcanzar un acuerdo con los agentes sociales para la prórroga de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) y ha optado por extender las negociaciones hasta el último momento para buscar el consenso. 

Estaba previsto que se aprobara en el Consejo de Ministros de ayer, porque el plazo de vigencia termina el próximo lunes, 31 de mayo. El Ejecutivo da por sentado que las patronales y los sindicatos accederán finalmente para prolongarlos hasta septiembre. Aunque apurar los tiempos para presionar a la otra parte es lo habitual en las negociaciones, en este caso la dilación genera un indeseable plus de inseguridad y desasosiego para trabajadores y empresarios. 

El escollo principal sigue estando en las cantidades de las exoneraciones de las que se beneficiarán las empresas que saquen trabajadores del ERTE, por encima de las estipuladas para quienes decidan mantenerlos. Desde el Ministerio de Seguridad Social defienden que son los incentivos los que fomentan que las empresas saquen del ERTE a sus trabajadores. Desde el lado opuesto, patronal y sindicatos señalan que es el regreso de la actividad la que, de manera automática, genera esta recuperación y que, por ello, no cabe reducir las ayudas para aquellas empresas que siguen sin recuperar los niveles de actividad por las restricciones que persisten en algunos sectores como medida de protección contra la covid. Aunque hay que incentivar la salida de trabajadores de los expedientes, quizás sea más conveniente abordar este cambio en el mecanismo una vez concluya el verano y se reactive la economía por efecto de la vacunación. Sea como fuere, todas las partes deben alcanzar un acuerdo lo antes posible porque cerca de 600.000 personas se encuentran acogidas a los ERTE, una herramienta que ha resultado fundamental para contener los despidos durante la pandemia.