Una reforma inclusiva
El próximo desarrollo normativo de la Ley de Dependencia de Aragón me da pie para reflexionar sobre dos formas de legislar, una inclusiva, otra maquiavélica.
Aquella comienza con unos poderes públicos que se informan de las opiniones, actitudes y demandas de los grupos sociales a los que atañe el tema, negocian con ellos la redacción de la norma, toman su decisión, la comunican a sus interlocutores, negocian ajustes, publican la norma explicando con transparencia su proceso de confección y dialogan con las reacciones. La segunda se inicia con los poderes públicos y fácticos acordando la norma, previendo la contestación, muñendo una estrategia para anular la oposición, publicando la norma y combatiendo las críticas.
La reforma de los servicios sociales aragoneses que está en marcha debería ajustarse a la primera forma; la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ha anunciado que pronto se reunirá con entidades y agentes sociales. Entiendo que ‘entidades’ se refiere a los gestores de las empresas del sector (con y sin ánimo de lucro, que administran centro privados o públicos) y los ‘agentes sociales’ son los colegios profesionales y sindicatos del personal sanitario y asistencial, y los usuarios o sus familias. Espero que no ocurra como con la Comisión especial de estudio sobre la reforma organizativa y legislativa de los centros de residencia para mayores, que hace poco presentó su informe a las Cortes: de las 33 personas que declararon ante ella, aparte de 4 sindicalistas, un representante de mayores de las asociaciones vecinales, una investigadora científica y una terapeuta ocupacional, todos los demás eran altos cargos políticos, administrativos o empresariales; ni una sola trabajadora sociosanitaria de primera línea, ni una sola usuaria. La perspectiva de los despachos, ausente la de quienes ocupan las habitaciones o les cuidan directamente. Al contrario, la naturaleza de las residencias hace indispensable la diversidad de los interlocutores porque estas empresas son singulares.
En casi todas las empresas los empleados llegan, fichan, elaboran su producto o prestan su servicio, fichan y se van; y los clientes acuden, proceden a la compra y se marchan. En una residencia, los clientes, los usuarios vivimos dentro de la empresa, una empresa donde el beneficio es básicamente la diferencia entre los ingresos por pago privado, subvenciones concertadas y copagos de un lado, y de otro el gasto en salarios, alimentación y productos de salud e higiene, porque la productividad de este sector, que no innova tecnológicamente, depende de la limitación del gasto en proveedores y de la intensidad del trabajo de las auxiliares; y la calidad del servicio, de su actitud ética y su inteligencia emocional. Significa que incluso los gestores más altruistas viven el conflicto de intereses entre el bienestar de los residentes y la tasa de beneficios de su firma, e incluso aquellos que son a la vez dirigentes de fundaciones o asociaciones de personas con discapacidad han de decidir entre gastar en los usuarios actuales e invertir en los futuros.
En un sector donde la demanda crece y la competencia entre empresas es mínima, los ‘clientes’ tenemos poco poder de mercado para negociar. Y en los centros, poca voz tenemos. Hay residencias más populosas que algunas pequeñas localidades aragonesas; pero mientras que estas tienen su alcalde y su concejo, los usuarios de los centros no tenemos más derechos que los súbditos de Fernando VII: petición y súplica. Yo tengo la fortuna de vivir en un centro que convoca una asamblea anual de residentes y elige representantes de estos; yo lo soy y tengo expresamente vetado plantear asuntos de personal o económicos. Es un ejemplo de libro de la democracia ‘formal’: hay elecciones, pero los electos no reciben información sobre el presupuesto ni pueden influir en él, ni pedir razón de sus decisiones a la gestión. Por eso importa que la Administración oiga ‘directamente’ la voz de las personas que son o van a ser usuarios de estos centros de servicios sociales, contactando individuos, empleando los medios de las ciencias sociales, etc. Una sociedad inclusiva no deja a nadie atrás, una reforma incluyente necesita escuchar todas las voces, sobre todo las de las personas laboral y socialmente más vulnerables.
