El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, presionado por el Gobierno de Aragón y tras un tenso periodo de vacilaciones, ha anunciado por fin que va a recurrir ante el Tribunal Supremo la anulación de las obras del pantano de Mularroya, en el cauce del río Grío y a caballo entre Chodes, Morata de Jalón, La Almunia y Ricla. Una resolución dictada por la Audiencia Nacional a principios de abril dictaminó la ilegalidad del embalse, argumentando que incumplía la normativa europea en materia de protección medioambiental. Lo cierto es que la obra, en la que ya se han invertido 146 millones de los 188 previstos, es imprescindible para el desarrollo de la Comunidad, la lucha contra la despoblación y la protección y mejora de la agricultura familiar.

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre Mularroya supuso un nuevo revés a la política de obras hidráulicas de Aragón y dejó en el limbo una infraestructura fundamental para el desarrollo agrícola de la Comunidad. La enérgica reacción de la DGA y de los principales actores implicados para defender la obra se refleja ahora en el recurso que presentará la ministra Teresa Ribera, que inicialmente pensó en aceptar sin más la resolución judicial. Le ha costado demasiado tiempo tomar la decisión que se le reclamaba desde Aragón, pero más vale tarde que nunca.

Parece impensable, y rozaría el absurdo, además de acarrear posibles impactos ecológicos, que quede paralizada ‘sine die’ una infraestructura en la que ya se han invertido 146 millones de euros de dinero público y que tiene una clara trascendencia social. La obra tenía mucho sentido cuando se planificó como una infraestructura esencial contenida en el Pacto del Agua; y aún tiene más lógica en la actualidad para hacer frente a la escasez de precipitaciones prevista como consecuencia del cambio climático.