Tres meses después de las elecciones autonómicas sigue sin haber un gobierno en la Generalitat, con lo que Cataluña arrastra un largo periodo de interinidad desde que en septiembre se produjo la inhabilitación de Torra.

 Las formaciones separatistas continúan aferradas a sus pretensiones anticonstitucionales, pero parecen incapaces de ponerse de acuerdo para afrontar los graves problemas que para los ciudadanos supone la emergencia sanitaria y económica

Sería difícil exagerar el daño que la irresponsable deriva del secesionismo ha provocado ya en Cataluña en los órdenes político, económico y social. Ahora, tras el inane periodo de Joaquim Torra al frente de la Generalitat, el atolladero en que se encuentra la formación de gobierno solo viene a subrayar la incapacidad de los partidos separatistas para afrontar los problemas reales de los catalanes. Empeñados en mantener su alianza para seguir sosteniendo la quimera de la autodeterminación, riñen entre sí por el reparto de poder, por sus desavenencias tácticas y por sus intereses partidistas. La esperanza de que ERC pudiera adoptar, tras las elecciones del 14 de febrero, una línea moderada, aparcando las pretensiones soberanistas, para facilitar un gobierno ‘transversal’ con los socialistas, ha resultado vana. De hecho, el documento que ayer sirvió de base para que ERC y Junts retomasen las negociaciones, propuesto por la CUP, señala como una de las bases el «compromiso inequívoco de ejecutar el ejercicio de la autodeterminación y la amnistía». Si antes del 26 de mayo no se produce la investidura de un presidente, se repetirían automáticamente las elecciones. Pero lo cierto es que ni un acuerdo ‘in extremis’ de los partidos separatistas ni unos nuevos comicios, que posiblemente cambiarían poco, permiten pensar que Cataluña vaya a salir pronto del largo y dañino bloqueo en que la irresponsabilidad de sus dirigentes la han sumido.