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El final del estado de alarma

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  • EDITORIAL
OPINIÓNACTUALIZADA 09/05/2021 A LAS 05:00
[[[HA ARCHIVO]]] Fecha: 16/01/2013 Autor: CIDONCHA, ENRIQUE descri: FACHADA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN MADRID. EXTERIOR. RECURSO notas: Fecha de entrada:17/01/2013
Con el estado de alarma, las limitaciones de los derechos fundamentales se someten al control parlamentario.
Enrique Cidoncha / HERALDO

Concluido el estado de alarma, surge el temor de que pueda producirse un abandono prematuro de las precauciones contra la covid. 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido, al no prorrogarlo, una opción arriesgada, con el peligro de repetir los errores del año pasado. Para evitarlo, las autoridades en todos los niveles deben transmitir a los ciudadanos mensajes de prudencia, y han de estrechar la colaboración para poder reaccionar ante posibles rebrotes de la covid.

Al declarar el estado de alarma en noviembre por un periodo de seis meses, el Ejecutivo buscaba eludir el control parlamentario que suponía su renovación quincenal. Ahora, al negarse a prorrogar la medida, parece haber tenido en cuenta la misma consideración de ‘comodidad’ política. Porque lo cierto es que, desde un punto de vista sanitario, hubiera sido más coherente prorrogarlo. Tampoco ha promovido modificaciones legales que facilitasen la tarea de las comunidades autónomas. Así, la situación a que da lugar el final del estado de alarma tiene graves inconvenientes. Por un lado, la falta de un marco legal adecuado puede dificultar la toma de medidas de control necesarias ante posibles rebrotes. Por otro, si vuelven a establecerse restricciones de derechos fundamentales como toques de queda o confinamientos autonómicos, se hará sin el contrapeso necesario del control parlamentario previsto en la Constitución. Por añadidura, el levantamiento del estado de alarma puede transmitir a muchos ciudadanos un equivocado mensaje de seguridad que no se corresponde con la situación real de la pandemia, que, hasta que la vacunación no esté más avanzada, puede seguir generando enfermedad y muerte. España no puede permitirse repetir el error de la precipitada ‘desescalada’ de 2020. Es imprescindible que el Gobierno central y los autonómicos asuman de manera coordinada sus responsabilidades para adecuar las normas en cada momento y lugar a la situación sanitaria.

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