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Sanidad y educación

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  • EDITORIAL
OPINIÓNACTUALIZADA 03/05/2021 A LAS 05:00
Hospital Clinico. UCI / 18-11-2020 / FOTO: GUILLERMO MESTRE[[[FOTOGRAFOS]]][[[HA ARCHIVO]]]
La sanidad absorbe la mayor parte del incremento de personal de la DGA.
Guillermo Mestre

No es sorprendente que el año de la covid haya supuesto un importante aumento del personal que trabaja para la Administración autonómica aragonesa, ya que ha sido necesario reforzar algunos servicios para hacer frente a la pandemia, especialmente los sanitarios y educativos.

 Por otro lado, la DGA tendrá que encarar la reducción de la temporalidad, que alcanza ya al 48% de sus empleados, una cifra que resulta excesiva.

En diciembre de 2020 la plantilla de la Diputación General de Aragón sumaba 59.560 personas, lo que supone un incremento de alrededor de un 5%, 3.015 trabajadores, respecto al año anterior. Es un crecimiento importante, pero que se explica en buena medida por la necesidad de hacer frente a las consecuencias de la enfermedad. De hecho, el Servicio Aragonés de Salud concentra casi tres cuartas partes del aumento y probablemente hubiesen sido contratados aún más profesionales si hubieran estado disponibles, pues la situación de hospitales y centros de salud lo requería. También el Departamento de Educación vio crecer sus efectivos de manera notable. Hay que entender que la mayoría de estas contrataciones son ‘de emergencia’, pero después de la pandemia la DGA tendrá que repensar y planificar su estructura de personal teniendo en cuenta la terrible experiencia vivida y el deseo de la ciudadanía de que se fortalezcan los servicios vitales. En cuanto a la temporalidad, el punto que ha alcanzado resulta muy llamativo y en 2020, seguramente también por las dificultades que impuso la covid, no se produjo ningún avance en el compromiso del Gobierno aragonés de reducirla progresivamente. Y no hay que olvidar que la Justicia europea ha recriminado a España el exceso de contratos temporales en el sector público, lo que obliga a una corrección que deberá hacerse, como establece la Constitución, aplicando los principios de mérito y capacidad.

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