Separatismo quebequés
Doy cuenta del libro ‘Las mentiras del separatismo (Cataluña y Quebec)’ (2019), de José Cuenca, varios años embajador de España en Canadá.
El Estado nación independiente de Canadá surgió con la actual Constitución federal de 1867. Esta reconocía el hecho diferencial de Quebec, el uso del francés, idioma oficial allí; reconocía la religión católica; y la tenencia de un Código civil distinto. El separatismo surgió a mediados del siglo XX impulsado por un líder muy popular, René Lévesque, que fue periodista y corresponsal en la Segunda Guerra Mundial, acompañando a las tropas canadienses. Desde 1967, el separatismo recibió el apoyo del general De Gaulle.
Por las serias carencias de la Constitución de 1867, el separatismo quebequés pudo forzar la realización de dos referéndum: el primero, solicitado desde la Asamblea de Quebec por René Lévesque, celebrado el 20 de mayo de 1980, en el que los independentistas alcanzaron el 40,5 % de los votos; y el segundo, convocado ya por Jacques Parizeau, celebrado el 30 de octubre de 1995, en el que el separatismo logró el 49,4% de los votos. O sea, casi ganó, y era su victoria lo vaticinado en los sondeos, pero perdió. Habían influido hechos decisivos, como la huida de Quebec de más de 700 empresas importantes; un pánico financiero general sobre todo en Montreal; y declaraciones claras del presidente de Estados Unidos, Clinton, crítico con la secesión.
El susto provocado en la mayoría de los canadienses tras el segundo referéndum provocó la lógica reacción de la clase política. El primer ministro Jean Chrétien, apoyado por un joven profesor quebequés de teoría política, Stéphane Dion, lideraron el proceso de reformas legales necesarias. Se previó inicialmente una consulta al Tribunal Supremo (TS, en adelante) que se formuló por el Gobierno canadiense en septiembre de 1996 y que fue respondida con un Dictamen de los nueve magistrados del TS, adoptado por unanimidad, y que se publicó, con valor solo consultivo, el 20 de agosto de 1998. El Dictamen se inspiró en el Derecho comparado constitucional e internacional donde siempre la idea clave, por cierto que nacida originariamente en Francia (Rousseau, abate Sieyès …), es la soberanía nacional y el imperio de la ley en las votaciones, excluyéndose siempre, en las democracias auténticas, federales o no, el derecho de autodeterminación.
Tales directrices se hicieron obligatorias en la que se acabó llamando Ley (federal) de Claridad de 2000. En los dos referéndum iniciales las preguntas se formularon de forma muy prolija y retorcida. Según la Ley de 2000 la pregunta tendría que ser clara y se redactaría por la Cámara de los Comunes del Parlamento federal de Otawa. Además, el Preámbulo de la Ley excluía que pudiera ser suficiente una mera mayoría de superación por poco del 50% de los votos. La mayoría de votos a favor de la secesión tenía que ser "suficientemente clara", pero sin cuantificar esa concreta mayoría que alcanzase la ‘suficiencia’, que la ley dejaba con buen sentido abierta y que debería negociarse a posteriori en el Parlamento de Otawa, titular de la soberanía. La Ley se aprobó en este Parlamento con una amplia mayoría, y obtuvo la sanción de la Reina de Inglaterra, que aún es Jefa de Estado en Canadá, el 20 de junio de 2000. Piénsese, por ejemplo, en que el Parlamento de Otawa aceptase realizar un referéndum sobre la secesión de Quebec y que, celebrado, obtuviera a favor el 63% de los votos. El Parlamento canadiense podría considerar ese porcentaje insuficiente, por ser menor del 66%. O si alcanzase el 67 %, podría declararlo insuficiente por menor del 70%. Bajo este nuevo esquema constitucional, muy empobrecidos Quebec y Montreal (las empresas huidas no regresaron), y con el separatismo desacreditado, el tercer referéndum se ve por todos muy lejano y difícil en el horizonte.
Aun así, nos explica Cuenca, diplomático con sólida formación jurídica, el independentismo catalán, desde que en 2012 decidió de forma insensata y totalitaria tomar la independencia por asalto, nunca menciona, al aludir a Quebec, la Ley de Claridad de 2000, manteniendo, prietas las filas e impasible el ademán, a sus prosélitos en el burdo engaño de que Canadá tiene derecho unilateral de autodeterminación.
